Admiten el recurso de Asturias contra Costas
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno asturiano contra la nueva Ley de Costas al considerar que la normativa invade las competencias autonómicas y resulta arbitraria, además de anteponer los intereses privados a los públicos.
La admisión a trámite del recurso, que fue decidida por el pleno del TC celebrado el pasado 8 de octubre, ha sido notificada al Congreso, al Senado y al Ministerio de Justicia para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular alegaciones.
La nueva Ley de Costas, aprobada en mayo en el Congreso con los únicos votos a favor del PP y que modifica la legislación de 1988, fue recurrida ante el TC por el PSOE y por los gobiernos autonómicos de Asturias, Andalucía, País Vasco, Canarias y Cataluña.
El pasado 1 de julio, representantes de los gobiernos de estas cinco comunidades autónomas, cuyas costas suponen más de la mitad del litoral español, mantuvieron una reunión y anunciaron su intención de recurrirla.
El PP defendió la nueva normativa como una “protección” para el litoral mientras que buena parte de la oposición la tildó de “amnistía” y de un paso más para “privatizar” la costa.
Tras presentar su recurso, en el que advertía de la posible inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley, el Gobierno asturiano anunció que elaboraría un plan especial de suelo no urbanizable de costas que pretendía tener ultimado este año con el objetivo de combatir los efectos de la nueva normativa.
El objetivo del plan era, según el Ejecutivo que preside Javier Fernández, reforzar el “blindaje” de la costa ante una Ley, “que es sinónimo de retroceso y degradación del litoral” y que plantea una “subordinación intolerable de las competencias autonómicas, en las que se inmiscuye de manera ilegítima”.
Para el Principado, el texto aprobado por el Gobierno otorgaba privilegios a determinadas personas y excluía de protección de forma “arbitraria” determinados enclaves para favorecer la actividad privada“ pese a que la doctrina del TC plantea que el litoral debe estar al margen ”del comercio o beneficios privados“.
