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Los afectados por intervenciones cardiológicas en el HUC piden a Roldos que se disculpe con ellos

LA JUSTICIA OBLIGA A REVISAR LOS HISTORIALES MÉDICOS DENUNCIADOS

Hay 66 fallecidos sospechosos en dos años. La anterior consejera de Sanidad se negó y amenazó con querellarse a quien hablara de ello.

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La Justicia obliga a que se revisen los historiales médicos de, al menos, 20 pacientes que pasaron por las manos del doctor Rafael Martín Sanz, jefe del Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y que resultaron muertos o quedaron con graves secuelas desde 2004.

Es lo que se negó a hacer la anterior consejera de Sanidad, Mercedes Roldós (PP), quien se limitó a negar los hechos sin investigarlos, además de ocultar una auditoria externa sobre ese servicio que alertaba del alto índice de fallecimientos en el Servicio, el triple de la media nacional.

Esa decisión de entrar en el fondo del asunto y revisar los historiales médicos viene dada por dos sentencias recién dictadas, favorables a los afectados, al tiempo que el Servicio Canario de Salud, una vez que llegó a manos del actual consejero, Fernando Bañolas, ha admitido la mala praxis médica en otros dos casos que acepta que sean indemnizados, "es decir, que los reconoce", afirmó este miércoles en rueda de prensa el abogado de la Asociación de Afectados de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario de Canarias (Tenerife), José Luis Langa.

Langa, que tachó a Roldós, "como poco, de irresponsable", pidió públicamente que la ex consejera "dé disculpas a todas las familias de los afectados", no ya solo por haberse negado a investigar qué había de cierto o no en esa auditoria externa, en la que se contabilizaron 43 fallecidos tras ser intervenidos por Martín Sanz en 2005 y otros 23, tras otras intervenciones en 2006, sino por haber amenazado con una querella, en una intervención parlamentaria, "a quienes se atrevieran a hablar de este asunto", recordó Langa.

Roldós se escudó en que todos los casos habían prescrito, sin abrir una investigación a Martín Sanz, y negando la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de que los doce meses con que cuenta un paciente para denunciar una negligencia médica arrancan una vez que se tiene conocimiento de la misma, no en el momento en que ocurrió.

Tras hacerse pública la Auditoria Externa al Servicio de Cirugía Cardiaca del HUC, varias personas sospecharon de las muertes de sus familiares. Esas sospechas se apoyaron también en la denuncia presentada por otro médico, Ignacio Díaz Cuesta, acerca de las actuaciones de Martín Sanz, lo que lejos de motivar a Roldós a investigar, le costó su puesto de trabajo.

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