El alcalde de Mogán vuelve al Juzgado por otra presunta prevaricación

14 de junio de 2007 15:32h

Francisco González, alcalde de Mogán (PP), está citado este viernes en los Juzgados de Maspalomas, junto a la teniente de alcalde y concejal de Vivienda, Onalia Bueno (PP), como imputado por un presunto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio, al autorizar a Grupo Europa a promover en el pago de El Horno doce viviendas de protección oficial sobre zona verde. Un interdicto paralizó en el verano de 2006 las obras, y en abril de este año una sentencia civil resolvió la titularidad de los terrenos a favor de la demandante, la Heredad de Aguas de Peñones.

González González, que revalidó el 27 de mayo en Mogán su mayoría absoluta y este sábado será investido alcalde por cuatro años más, se enfrenta a una querella admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de San Bartolomé de Tirajana, donde tiene que declarar este mediodía el alcalde y la todavía teniente de alcalde -no repitió en las listas del PP en 2007- por otro delito de prevaricación, diligenciado fuera del procedimiento que le devolverá la próxima semana a los Juzgados por la denuncia documentada de haber amañado el contrato de asistencia técnica, firmado el 1 de agosto de 2005, entre la empresa pública Gesmogán y GC Europa SAU, filial de Grupo Europa.

Según han informado a CANARIAS AHORA fuentes del Ayuntamiento de Mogán, Francisco González y Onalia Bueno prepararon el martes pasado su defensa, ante este nuevo caso de presunta prevaricación y contra la ordenación del territorio, con un informe redactado por uno de los arquitectos municipales también imputado en el caso Góndola, Francisco Román.

Las alegaciones preparadas desde este martes vienen a asegurar -más allá del amaño del contrato de asistencia técnica entre Gesmogán y la filial canaria de Grupo Europa, como ha quedado constatado en Telde, y que deberá dilucidar el juez de Góndola- que las licencias de obra en el pago Acequia de Dentro de El Horno fueron concedidas dentro de la legalidad y sin vulnerar ninguna normativa urbanística de un municipio que carece de Plan General.

Precisamente este hecho, que Mogán se rija desde hace años por Normas Subsidiarias y que aún no haya aprobado su Plan General de Ordenación Urbana, es el motivo que esgrime la parte demandante para acusar al Ayuntamiento de prevaricación y delito urbanístico, ya que, si bien el futuro Plan General contempla el cambio de uso de los terrenos donde se empezaron a levantar las casas de promoción pública, el hecho de que aún no se haya aprobado el documento, y que ni siquiera haya pasado por el filtro de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) del Ejecutivo autónomo, anularía cualquiera decisión tomada por el Ayuntamiento.

En el caso de las relaciones presuntamente ilícitas entre Grupo Europa y el Ayuntamiento de Mogán desde, al menos de manera documentada el 16 demayo de 2005 por la investigación realizada por CANARIAS AHORA -la adjudicación de la asistencia técnica se efectuó formalmente el 14 de junio de ese año y la firma del contrato se rubricó el 1 de agosto-, existen otras actuaciones que, como en el asunto de las doce viviendas de El Horno, quedaban a expensas de futuras modificaciones en el Plan General moganero.

Es el caso de las 56 viviendas proyectadas en Lomo del Quiebre por GC Europa SAU, en la ladera poniente del mismo barranco de Mogán, que dependían de la aprobación del PGOU que nunca llevó acabo el Consistorio en el actual mandato y que, según ha manifestado públicamente el alcalde electo, aprobará en los próximos meses.

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