El alcalde tenía intereses en el Plan de El Rosario
José Antonio González Gil es un vecino de El Rosario que desde hace siete años ha emprendido una batalla en los juzgados para evitar que sus terrenos situados en Montaña Carboneras dejaran de tener la calificación de agrícolas y pasaran a ser urbanizables.
Esta era la intención del alcalde, Macario Benítez quien además sorprendentemente es propietario de 10.000 metros cuadrados de los 500.000 en los que se pretendía construir esta urbanización de más de treinta viviendas. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón a la familia González y procede a anular el Plan General de El Rosario por considerar que las previstas edificaciones van en contra del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). En concreto, la Sala de lo Contencioso sentencia que no se puede construir en pendientes de más del 20% como este caso y que además las previsiones iban a afectar a los valores paisajísticos de este entorno.
La familia González Gil es propietaria de una finca de 165.000 metros cuadrados en una zona conocida como Los Carboneros. Desde hace años aseguran haber sido objeto de todo tipo de presiones por haberse opuesto a permitir el cambio de uso del suelo de agrícola a urbano y a que se construya esta urbanización. Incluso llegaron en su momento a desaparecer del padrón “y todo por defender lo que es propiedad de nuestra familia desde hace varias generaciones”, indica.
Ahora están más que satisfechos con esta sentencia, la segunda que ganan en un año por motivos parecidos. El miércoles ofrecerán en Santa Cruz una rueda de prensa, junto a su abogado, Pedro Arcila para escenificar y dar a conocer el triunfo que han obtenido después de tanto tiempo de luchar contra el Ayuntamiento y su alcalde.
Entre las irregularidades que se han sucedido durante este tiempo está por ejemplo que el propio Benítez y su hija, Candelaria Benítez que ostentaba el puesto de concejal votaron a favor del PGO, pese a tener intereses directos en el documento, como ocurre con esta urbanización. Pero además se preveía la construcción de una carretera que iba a pasar por mitad de la finca de la familia González Gil o prever un jardín a la entrada, “con lo cual no nos iba a quedar más remedio que utilizar un helicóptero para poder entrar en nuestros terrenos”, dice este vecino.
En otro momento dado se intentó la expropiación de alrededor de 145.000 metros cuadrados con el fin de construir un parque periurbano en este entorno. “Nos han amargado la vida tan sólo por defender nuestras propiedades y evitar que dejen de tener uso agrícola”, señala González Gil quien tiene ubicado en este entorno una finca ecológica. Ahora se plantean la posibilidad de acudir a la vía penal para que se determine el alcance de las actuaciones que durante este tiempo ha llevado a cabo el alcalde.
Desde un principio está familia denunció que Benítez pretendía “hacerse” con una urbanización en la que se podrían ubicar más de treinta viviendas en suelo protegido. Tal y como viene a reconocer ahora el TSJC, estos terrenos se encuentran dentro de un Área de Regulación Homogénea (ARH) en el PIOT que impide los usos residenciales en pendientes y cauces de barrancos, especialmente después de lo ocurrido tras las lluvias torrenciales de 2002. La operación urbanística obligaba a la familia González Gil a integrarse en contra de su voluntad en una unidad de actuación, aunque finalmente consiguieron hacer valer su punto de vista al unirse a otros propietarios que también se oponían a estos planes urbanizadores.
