Nueve de cada diez alegaciones contra el PGO se refieren al fuera de ordenación

Nueve de cada diez alegaciones contra el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife guardan relación con la situación de fuera de ordenación en la que quedan 1.900 viviendas, lo que afecta a cerca de 100.000 vecinos. Esto es así, al menos, en la oficina que la Plataforma vecinal contra el PGO ha abierto en el centro de la capital tinerfeña, y donde este martes ya se habían superado las 700 alegaciones.

“La respuesta está siendo sorprendente. La oficina se abrió el pasado jueves y de seguir a este ritmo, antes de que acabe la semana se habrá superado el millar de alegaciones”, aventura José Antonio Ramos Arteaga, portavoz del movimiento vecinal. Según Ramos Arteaga, el promedio de alegaciones diarias oscila entre 200 y 300. “Aconsejamos que las alegaciones también se interpongan ante la Gerencia de Urbanismo, en las oficinas de distrito del Ayuntamiento, en cuantos más sitios, mejor”, añade.

Sin embargo, esa oficina de la plataforma es el único lugar donde los ciudadanos pueden informarse de si su casa queda dentro de la normalidad urbanística o fuera de ella, ya que la Gerencia de Urbanismo no ha elaborado el preceptivo catálogo de viviendas fuera de ordenación, lo que se ha supeditado a un Plan Especial futuro.

De las más de 700 alegaciones interpuestas, más de 500 se refieren al polémico fuera de ordenación, el punto que más inquietud desata entre los vecinos. Quienes firman las alegaciones son en su mayoría personas con más de 45 años, afirma Ramos Arteaga. “Los más jóvenes presentan alegaciones contra el Plan en general y en contra de que se permita construir en barrancos”, añade.

Precisamente, las alegaciones en contra de que se urbanicen las laderas de los barrancos son las segundas más abundantes. Convertir en suelo urbano esas laderas es algo a lo que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) puso reparos por vulnerar el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) cuando devolvió el documento al Ayuntamiento para que lo corrigiera y volviera a someter a información pública.

Siguen las alegaciones contra la falta de protección en que queda el casco histórico de El Toscal, las alegaciones contra el PGO en su totalidad por deficiencias de forma y las alegaciones libres.

“Se mantienen algunos pelotazos”

Ramos Arteaga sostiene que los ciudadanos son muy conscientes de que “se mantienen algunos pelotazos urbanísticos en el documento expuesto a los ciudadanos”. Es el caso, por ejemplo, de un edificio catalogado y situado frente al emblemático parque García Sanabria, el edificio de Muebles La Moderna, al que se le permitiría levantar cuatro plantas de remonta por atrás.

“Eso es totalmente ilegal”, manifiesta a su vez el abogado y representante de la Plataforma contra el PGO, Felipe Campos. “En La Moderna no se pueden levantar cuatro plantas porque está en una zona colmatada. Y como ocurre con ese edificio, hay por lo menos otros 150 catalogados a los que se permitirían remontas traseras ilegales”.

El abogado insiste además en “la tomadura de pelo” que significa regular las viviendas que quedan fuera de ordenación mediante un Plan Especial. “Un Plan de ese tipo no es para la ordenación pormenorizada. Eso es un fraude. Lo que proponen el Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo es verificar qué zonas están colmatadas (el límite son 400 habitantes por 12.000 metros cuadrados) y cuáles no y luego adaptar la realidad a lo construido. Es igual que disparar a una persona y luego verificar si está herida”.

Otro caballo de batalla de la Plataforma es la Clínica Parque, que en 2003 estaba fuera de ordenación, pero quedó dentro de la normativa dos años después, cuando fue adquirida por Manuel Parejo, que a la sazón era concejal de Urbanismo en la capital tinerfeña. “Parejo se dio a sí mismo licencia para levantar hasta ocho plantas en ese inmueble y luego lo revendió”, aclara Campos. En la actualidad, el edificio de la Clínica Parque es propiedad de Cáser Seguros y CajaCanarias.

Firmas contra el aforamiento de Zerolo

Al margen de las alegaciones, centenas de ciudadanos han acudido a la oficina de la Plataforma contra el PGO para plasmar su firma en un documento por el que se pide que el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife y diputado regional, Miguel Zerolo, no pueda seguir aforado. Zerolo está imputado en varias causas penales por prevaricación urbanística, cohecho y malversación de caudales públicos.

Hasta este martes se habían recogido en torno a 2.000 firmas.