El Estado 'repara' el asesinato de Javier Fernández Quesada en los PGE
La memoria de Javier Fernández Quesada, estudiante grancanario asesinado por la Guardia Civil en la Universidad de La Laguna el 12 de diciembre de 1977, no será reparada por la Ley recién aprobada en el Congreso, que contempla la fecha de 6 de octubre de ese año, día en que se promulgó la Ley de Amnistía, como tope, pero el Estado ha decidido al menos reparar económicamente a la familia del estudiante por medio de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 2008, que extiende los efectos de la Ley de Memoria Histórica al 15 de diciembre de 1997.
La decisión impulsada por el secretario de Estado de Justicia, el tinerfeño Julio Pérez, fue adelantada este lunes por el redactor de La Opinión de Tenerife, Daniel Millet, quien junto al portavoz de Los Verdes de Tenerife, Octavio Hernández, ha investigado en profundidad el caso Quesada, asesinado en plena Transición por la Guardia Civil en la etapa de Luis Mardones como gobernador de la provincia occidental, que al ser advertido de este caso por los investigadores tinerfeños, decidió abstenerse en la votación de la Ley en el Congreso de los Diputados. Su compañera, Ani Oramas, votó a favor, aunque no advirtió el hecho de que la fecha de 6 de octubre dejaba sin reparación ética al joven estudiante grancanario muerto en el municipio que rige como alcaldesa.
La familia de Javier percibirá 135.000 euros a través de la Ley de Acompañamiento, si bien queda pendiente la alternativa de que en el Senado se introduzca la ampliación de la fecha de Ley de Memoria Histórica al 15 de diciembre de 1977, tres días después de la muerte del estudiante de Biología, como pretendió el diputado de Nueva Canarias por Las Palmas Román Rodríguez en una enmienda a la Ley presentada en el Congreso que no prosperó por el clima de máxima crispación que había provocado la votación en las filas del PP, que podía haber encontrado una vía para presentar enmiendas contrarias al espíritu de la norma.
Se da la circunstancia de que Izquierda Unida ni siquiera tuvo en cuenta el caso del asesinato del estudiante grancanario, cuando decidió presentar una enmienda para llevar el tope de la ley al 6 de diciembre de 1977, y así incluir otro caso, el de José Manuel García Caparrós, asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977. García Caparrós y Fernández Quesada provocaron en su día una de las primeras comisiones de investigación de la democracia, según recoge La Opinión, pero en ambos casos de nada sirvió porque nadie fue juzgado ni acusado por estas muertes violentas a manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en plena transición a la democracia.
Fernández Quesada: Caso Abierto (por Daniel Millet y Octavio Hernández, en Rebelión)
