El Cabildo grancanario registra la iniciativa para reformar la Ley Turística
El Cabildo de Gran Canaria ha registrado este martes en el Parlamento canario una iniciativa para modificar la ley de modernización y renovación turística y permitir que en dicha isla se autorice la construcción de hoteles de cuatro estrellas, y ha avisado de que no debatir dicha propuesta sería “un error político de primera magnitud”.
La iniciativa ha sido presentada este martes en rueda de prensa por el presidente del Cabildo grancanario, José Miguel Bravo de Laguna, del PP, y el consejero en la corporación insular y a su vez diputado regional por Nueva Canarias, Román Rodríguez, que son las dos formaciones que apoyan la propuesta.
José Miguel Bravo de Laguna señaló que en la iniciativa se propone modificar los artículos 7, 8 y 9 de la citada ley con el objetivo de recuperar el “peso” de los cabildos en la regulación del territorio y que los planes insulares de ordenación no queden supeditados a los planes de mejora y modernización previstos en la normativa.
Además el Cabildo grancanario pide introducir una disposición adicional en la que “excepcionalmente” se permita a dicha isla construir hoteles de cuatro estrellas con una limitación cuantitativa y temporal, de forma que no se produzca un crecimiento desordenado.
Estas limitaciones son las de que las plazas de cuatro estrellas no superen el 40% de las registradas en la isla, que actualmente son unas 138.000, y que las camas de la citada categoría no sobrepasen el 18% de la oferta total.
Asimismo, se propone una limitación temporal por la que las plazas de cuatro estrellas no podrán superar al año el 4% de las plazas registradas, lo que equivale a unas 5.600 camas anuales.
“No se trata de echar un pulso a nadie ni de ganar batallas, sino de equilibrio y sentido común”, dijo José Miguel Bravo de Laguna, quien argumentó que le parecería “extraordinariamente delicado” para el equilibrio de la autonomía que se tratase de imponer un modelo turístico a Gran Canaria con una ley que perjudica “claramente” a dicha isla.
Explicó que la iniciativa propuesta por el Cabildo grancanario “no daña a nadie” y consideró que si se autorizase la construcción de hoteles de cuatro estrellas, en un plazo de 5 años se podría aumentar dicha oferta en 20.000 camas y se podrían generar unos 30.000 empleos.
“Gran Canaria cuenta anualmente con unos 3.300.000 turistas, frente a los 5 millones de Tenerife, y aumentar la oferta en 4 estrellas podría implicar un incremento de un millón de visitantes en territorio grancanario”, ha dicho el presidente grancanario.
Román Rodríguez aseveró que la ley en sus actuales términos “no respeta” el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria y sería “muy poco razonable” que ni siquiera se debatiese en el Parlamento regional la propuesta de modificación, de la que opina que es una oportunidad para rectificar errores pasados, pues el Gobierno regional la impuso a sus grupos políticos “a trancas y barrancas”.
Si se rechaza tramitar la propuesta grancanaria “habrá consecuencias políticas” no en términos de rupturas políticas “sino de democracia”, pues el líder de Nueva Canarias está convencido de que los votantes “tomarían nota”.
Añadió que también es otra oportunidad para recuperar el consenso perdido en la tramitación de las leyes sobre el territorio y añadió que en la propuesta no hay un solo metro más de ocupación del suelo que no sea el ya clasificado por el PIO, frente a la intención del Gobierno regional de promover un plan de modernización en San Bartolomé que prevé clasificar suelo rústico como turístico.
Al respecto, José Miguel Bravo de Laguna recordó que en el PIO se establece un límite de unas 180.000 plazas turísticas en Gran Canaria, dijo que la isla va “rezagada” en la oferta de cuatro estrellas, que es la de mayor potencial de crecimiento, y confió en que la iniciativa sea tomada en consideración por el Parlamento en febrero de 2014.
Antes, añadió el presidente insular, los promotores de la iniciativa van a estar “de brazos cruzados” y se continuarán reuniendo con los grupos parlamentarios para promover un acuerdo que permita “que no se sigan limitando inversiones empresarios con esta prohibición”.
