El caso Unión comienza a juzgarse el 16 de octubre
La Audiencia de Las Palmas comenzará a juzgar el 16 de octubre la pieza del caso Unión en la que se acusa al exconsejero del Gobierno canario Francisco José Rodríguez Batllori (CC) y al fundador del PIL, Dimas Martín, de sustraer fondos públicos de administraciones de Lanzarote.
La Audiencia ha fijado para este juicio un calendario que se prolonga, por el momento, hasta el 21 de noviembre a lo largo de nueve sesiones, parte de ellas en los Juzgados de Arrecife y el resto, en su sede principal de Las Palmas de Gran Canaria.
El tribunal se desplazará las cinco primeras sesiones a Arrecife para interrogar a los seis acusados en este procedimiento por presunta corrupción (el 16 y 17 de octubre) y escuchar a los primeros testigos del caso (20, 21 y 23 de octubre), según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
La vista continuará a partir del 17 de noviembre en la sede principal de la Audiencia, en Las Palmas de Gran Canaria, para completar otras cuatro sesiones más con testigos y peritos.
En el auto por el que se puso fin a la instrucción de este caso, publicado en febrero de 2013, la juez encargada del procedimiento recogió que existen “claros indicios” de sustracción de fondos públicos por parte de Rodríguez Batllori y Martín mediante trabajos facturados al Ayuntamiento de Arrecife y a la sociedad pública Inalsa (Empresa Insular de Aguas de Lanzarote).
También figuran como imputados en esta causa los ediles José Miguel Rodríguez y María Luisa Blanco y los concejales y cargos de Inalsa Plácida Guerra y Rafael Elorrieta, yerno además de Dimas Martín, todos ellos pertenecientes al PIL.
La Fiscalía solicita seis años de cárcel para Dimas Martín, que ya está en prisión por otra causa, como posible autor de dos delitos continuados de fraude en concurso con malversación y prevaricación, y ocho años del cárcel para Rodríguez Batllori por los mismos dos cargos, más un tercero de falsificación de documentos.
El Ministerio Público sostiene que, desde prisión, el fundador del PIL ideó un procedimiento para que Rodríguez Batllori cobrara de dos administraciones bajo su control una serie de trabajos inexistentes, que en realidad servían para pagarle las gestiones que estaba realizando para conseguirle el tercer grado penitenciario e interesarse por el resto de causas penales que tenía pendientes.
A los otros cuatro acusados, el fiscal los considera autores de un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, al facturar trabajos que no se llevaron a cabo ni en el Ayuntamiento ni en Inalsa, y pide que se les imponga una pena de cinco años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta a todos ellos, salvo a José Miguel Rodríguez.
La acusación pública propone para este último una pena menor, de un año de cárcel y tres de inhabilitación, en reconocimiento a la colaboración que ha prestado para averiguar los hechos y a su decisión de depositar en el Juzgado número 5 de Arrecife los 16.941,18 euros que admite haber pagado a Rodríguez Batllori.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Dimas Martín, entonces en prisión por otro proceso penal, encargó a Rodríguez Batllori que le hiciera gestiones con personas de relevancia pública y judicial de las islas para agilizarle el tercer grado y obtener información e interesarse de los procedimientos penales que tenía pendientes.
Para ello, ambos acusados idearon la contratación de Rodríguez Batllori por los concejales del grupo PIL “afines y subordinados políticamente a Dimas Martín”, quien en febrero de 2008 concertó en un hotel de la capital de la isla una reunión con los ediles de Hacienda y Personal en la que “convinieron de manera verbal llevar a cabo el fraudulento abono de fondos públicos”, según la acusación.
El fiscal mantiene que todos ellos eran conscientes de que Rodríguez Batllori nunca iba a realizar trabajo alguno de asesoramiento para el Ayuntamiento de Arrecife y conocían que era un ardid para traspasar dinero público a beneficio del exconsejero autonómico, que además en ese momento estaba contratado como funcionario del grupo A de la Administración regional y no podía percibir otra remuneración pública.
El total del dinero satisfecho e ingresado en la cuenta personal de Rodríguez Batllori entre marzo de 2008 y abril de 2009 ascendió a 16.941,18 euros netos, si bien el 12 de mayo de 2009, el exconsejero regional trató de percibir otros 3.529,41 euros entregando al entonces concejal de Hacienda una factura que no pudo cobrar porque el edil fue detenido en el marco de la operación Unión.
El pago de dicha factura, sin embargo, fue autorizada por la acusada María Luisa Blanco por labores de asesoramiento a su concejalía, sin que existiera ninguna relación contractual que ligara a Batllori con el Ayuntamiento y sin que hubiera desempeñado ningún tipo de actividad, siempre según la acusación.
