Caso Mascarillas

CC y PP exigen una comisión de investigación en el Parlamento canario para depurar responsabilidades en el caso Mascarillas

Los Grupos Nacionalista y Popular han registrado este jueves en el Parlamento de Canarias la solicitud para crear una comisión de investigación en la Cámara sobre el llamado caso Mascarillas, en el que se investiga la presunta estafa de cuatro millones de euros al Servicio Canario de Salud (SCS) por un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegaron a los hospitales públicos isleños.

Los diputados José Alberto Díaz-Estébanez (CC) y Carlos Ester (PP) han pedido a los diputados “valentía” para aprobar la comisión y especialmente, en el caso de los que apoyan el Pacto de las Flores (el acuerdo entre PSOE, NC, Podemos y ASG para conformar el actual Gobierno de Canarias), “coherencia” con discursos anteriores por otros casos, con el fin de esclarecer todas las responsabilidades políticas.

La solicitud de comisión será calificada por la Mesa del Parlamento y el objetivo de ambos grupos es que sea incluida para su votación en el orden del día del próximo pleno, siendo necesaria una mayoría simple para que salga adelante.

Díaz-Estébanez ha comentado que este caso está dejando “un reguero de irregularidades e imputados” por los presuntos delitos de estafa agravada, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Ha advertido de que en sede judicial se ha admitido que el encargo de las mascarillas costó 2,6 millones, de tal manera que 1,3 millones (hasta los 4 millones totales) fueron destinados a “intermediarios, comisionistas y mordidas” para sacar adelante la operación, pronosticando incluso que si la Agencia de Aduanas no las hubiera detecta como fraudulentas “se hubiesen incorporado al Servicio Canario de Salud y nadie se hubiese enterado”.

Incluso, ha dicho que “el tercer salto mortal” se presenta cuando una vez resuelto el contrato “se vuelve a negociar” y con mascarillas que ya no serían para los sanitarios sino para uso ciudadano.

Sobre el papel de la Fiscalía Europea, que ha reclamado sus competencias en el caso ante la posibilidad de que se hayan visto afectados fondos europeos, Díaz-Estébanez ha mostrado su deseo de que “no sirva para retrasar y confundir la operación” y, al contrario, que su labor sea “rápida y esclarecedora”.

Ha dicho que el Parlamento no puede permanecer “impasible” ante este caso y los diputados no pueden ser “cobardes”, al tiempo que ha mostrado su extrañeza en que el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, y el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, no hayan sido investigados ni llamados a declarar dado que eran director del SCS y consejero de Sanidad, respectivamente, en el momento en que se encarga la compra.

“Alguien ha mentido como un bellaco”

En esa línea ha comentado que en mayo de 2020 Conrado Domínguez (que dimitió por este caso la semana pasada) solo era un secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, que fue incluido en el comité de emergencia sanitaria que estaba conformado por ocho políticos y cuatro técnicos, entre ellos, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente, Román Rodríguez.

Ha censurado que no haya actas de las reuniones del comité e incidido en que “alguien ha mentido como un bellaco” en sede judicial porque hay “versiones contradictorias” que han obligado a declarar el secreto de sumario.

El diputado nacionalista también ha tildado de “inverosímil” la respuesta planteada este miércoles en el pleno por el presidente acerca de la tardanza en pedir una comisión de investigación lo que supone, a su juicio, una “torpe confusión” entre responsabilidad política y judicial.

Ester ha mostrado el “respeto a la justicia” de su grupo y por ello, exige que se aclaren las “responsabilidades políticas” dado que “el nombre de Canarias está en picota” por este caso, ahora incluso en la jurisdicción europea.

Ha apuntado que su partido apoyó la compra de todo el material sanitario por vía de urgencia en los peores momentos de la pandemia “pero no todo vale” y el Gobierno debió velar por un “escrupuloso cumplimiento” de la flexibilización de los contratos públicos.

Ha preguntado también por qué no se aprobó el borrador de informe de la Audiencia de Cuentas que constata “numerosas irregularidades” como el que se supera el límite de gasto y se invierten hasta 14 millones en material sanitario “sin rendir cuenta a nadie”.

“Contratación chapucera”

El diputado popular ha insistido en saber quién recibe el primer contacto para acometer la operación, quién tenía conocimiento, si hay algún contrato por escrito, quién autoriza la compra, por qué se adjudican hasta 18 millones a empresas que no son del sector sanitario o cómo se cierra una “contratación chapucera” a través de un mensaje de móvil.

Así, ha comentado que el comité de emergencias fue una “tomadura de pelo” y “un gran invento” y sostiene que este caso solo es la “punta del iceberg” de otras contrataciones realizadas durante la pandemia.

Ester ha criticado que Torres “se esconda como una avestruz” y tal y como pidió a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debe dar una “respuesta clara y rotunda” y exponer “con luz y taquígrafos” todo lo que ha ocurrido.

Ha recordado que su grupo ya pidió desde junio la apertura de una comisión de investigación pues ya conocen la “incompetencia” en la gestión del Gobierno y ahora se trata de saber si “hay actos deshonestos”.

Además se ha preguntado “qué tratan de ocultar” los diputados si votan en contra y entiende que “no hay excusas” para decir que no.

El caso, a la Fiscalía Europea

La Fiscalía Europea ha ejercido el denominado derecho de avocación, que obliga a las autoridades nacionales que estuvieran investigando la presunta comisión de delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea a traspasar las competencias al organismo comunitario. El decreto de incoación de este procedimiento, adelantado por El Cierre Digital, está fechado este lunes 7 de noviembre, cuatro días antes de la fecha en la que estaba previsto que comparecieran los últimos tres imputados, familiares del empresario Rayco Rubén González, adjudicatario, a través de la empresa RR7 United (dedicada al sector de la automoción), de ese contrato de emergencia. A la vista de este giro en el procedimiento, esas declaraciones no tendrán lugar esta semana.

En ese decreto, la Fiscalía recuerda que la denuncia contra el Gobierno de Canarias y contra el recientemente dimitido director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, fue formulada el pasado 4 de mayo por el empresario Juan Manuel Pérez León. Esa denuncia comprendía no solo el contrato con RR7 United, sino otra treintena de adjudicaciones del SCS a empresas “no relacionadas con el sector sanitario” para la adquisición de material sanitario de protección durante la pandemia de Covid-19, “muchas” de ellas constituidas “semanas o meses antes de las compras millonarias”.

La Fiscalía de la Unión Europea sostiene que se utilizaron fondos comunitarios FEDER en ese contrato de emergencia, lo que justificaría la avocación de competencias. El Gobierno de Canarias, en cambio, aduce un informe del área de Intervención que sostiene que no se usaron fondos europeos.