Ciencias Políticas critica la “lesiva” reforma local
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de La Laguna (ULL) ha emitido una declaración institucional en la que muestra su rechazo a la reforma de la administración local por considerarla “lesiva” contra el actual sistema público de servicios sociales.
Según recoge el texto de la declaración, la Facultad expresa su rechazo “más rotundo” a este anteproyecto porque “cercena” derechos básicos de los ciudadanos y supone la “práctica desaparición” de diferentes servicios y prestaciones esenciales como las guarderías, las ayudas a domicilio, las pequeñas residencias para mayores o la atención a las personas con discapacidad en municipios de menos de 20.000 habitantes.
En el documento se advierte de que las consecuencias de esta norma para Canarias pueden ser “dramáticas” y tener un impacto “sustantivo” en 61 de los 88 ayuntamientos, ya que con el cierre de los servicios que prestan las corporaciones locales se estima que pueden verse afectadas unas 430.000 personas.
Este anteproyecto, tal y como recoge la declaración, obliga a los ayuntamientos a renunciar a todo lo que están haciendo en materia de prevención y asistencia, lo que “aleja a los ciudadanos de las instituciones más cercanas, agranda el déficit democrático de las instituciones e incrementa el proceso burocrático para los ciudadanos”.
“Desprecio” al trabajo social
En su escrito, la Facultad también habla del “desprecio” de un rol profesional como el del trabajo social, que “ha costado establecer lustros de mucho esfuerzo y que ha promovido desde hace décadas la intervención social y la atención primaria de los servicios sociales”.
Alerta, asimismo, de que este texto legal “abre la puerta a desatender -o en el mejor de los casos privatizar- aquellos servicios que las comunidades autónomas no puedan atender por falta de recursos”.
Por todo ello, esta Facultad, en colaboración con otras entidades como el Consejo General y los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, hace un llamamiento a todas las instituciones de las islas para que muestren su rechazo a esta nueva ley, pues plantea “un desmantelamiento del sistema público de servicios sociales bajo criterios economicistas, anulando un auténtico eje del Estado Social y de Derecho recogido en la Constitución”.
