Colón quiebra el consenso en el Cabildo

El espíritu de consenso que parecía haberse adueñado este lunes de la sesión extraordinaria del pleno del Cabildo de Gran Canaria, con una resolución y las tres mociones del orden del día aprobadas por unanimidad, se difuminó en el debate abierto tras la explicación de José Miguel Bravo de Laguna sobre la decisión de la institución de incoar el expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de sitio histórico del entorno del oasis de Maspalomas, una medida de protección vinculada con el paso de Colón por esta zona en 1502 para aprovisionarse de agua y leña..

El presidente insular volvió a defender que la decisión adoptada por el consejo de Gobierno el pasado 30 de abril es la más beneficiosa para la isla y que está avalada por criterios técnicos, jurídicos “y morales”. Bravo de Laguna afirmó que la mayor promoción que se le puede dar a un espacio “emblemático y no suficientemente protegido” es un uso más racional y una valoración adicional a su entorno.

El PSC, a través de Carolina Darias, celebró que se proteja la zona “aunque sea por Colón”. A pesar de mostrarse satisfecha por la solución final, la portavoz socialista expresó sus dudas con respecto al modo en que ha tramitado el Cabildo la polémica del hotel Oasis y con la posibilidad de que todas las inversiones que se pretenden acometer en la zona queden paralizadas, a tenor del literal del acuerdo del grupo de Gobierno, durante 12 meses, hasta que el Gobierno de Canarias decida si declara finalmente BIC la zona.

Darias ha incidido en uno de los informes que tenía sobre la mesa el Cabildo de Gran Canaria, firmado por la arquitecta Sonia Rodríguez, del área de Cultura, quien expone que antes de realizar cualquier actuación habría que analizar “si el derribo se ajusta a la ordenación turística de un destino que exige un entorno medioambiental de calidad”.

“No sé adónde nos llevará Colón, pero si el expediente no prospera, queda una difícil salida para Gran Canaria. Lo único positivo es que la zona tiene que ser preservada sí o sí”, concluyó la portavoz socialista, que criticó que el grupo de Gobierno no hubiese planteado el debate con anterioridad y le instó a “habilitar espacios de encuentro”.

Instituciones “sin cintura”

El portavoz de CC, Fernando Bañolas, considera que ni el Cabildo ni el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tuvieron “cintura” para negociar con la cadena hotelera RIU cuando conocieron su interés por realizar un proyecto de remodelación en el hotel Oasis.

Bañolas ha lamentado que las inversiones se retrasen en un momento en el que se pretende “crear una renovación importante” en el sur de Gran Canaria y ha mostrado su preocupación con respecto al anuncio sobre el traslado de la inversión de RIU a Tenerife y su sorpresa por la reapertura del hotel Oasis cuando había sido declarado en estado de obsolescencia.

Carmelo Ramírez, portavoz de Nueva Canarias, ha sido el más combativo contra la decisión del Cabildo y ha criticado que “no haya tenido ningún interés en consensuar una salida en la que todos o casi todos hubiéramos estado de acuerdo: en el respeto a ese entorno natural”.

Para el nacionalista, la responsabilidad exclusiva de esta decisión recae ahora en el PP, que ha generado “un lío tremendo” que “bloquea una serie de inversiones”, como la creación de un aparcamiento o la remodelación del Centro Comercial Oasis, “genera inseguridad jurídica y proyecta una imagen de Gran Canaria que no es la adecuada”.

Ramírez considera que “no ha habido coherencia” en las actuaciones del Ayuntamiento de San Bartolomé, que otorgó las licencias de derribo y construcción del nuevo hotel Oasis, y del Cabildo, que incoó el expedientes sobre el sitio histórico tan sólo una semana después, paralizando las licencias y “abriendo la posibilidad de indemnización” a la cadena mallorquina.

También hubo una mención de todos los grupos a las palabras del ministro de Turismo, José Manuel Soria, un día antes de conocerse el acuerdo del consejo de Gobierno sobre la petición de Lopesan para declarar BIC el edificio, en las que abogaba por su derribo. “¿Cuántas veces se ha transmitido que somos correas de transmisión del señor Soria? ¿Lo somos ahora o no?”, preguntó Bravo de Laguna a los consejeros de la oposición, a quienes también cuestionó si la moratoria turística o el rechazo al petróleo o a la regasificadora no eran también “un bloqueo a la inversión”.

Bravo de Laguna concluyó el debate y la sesión elevando el tono en contestación a Carmelo Ramírez e insistiendo en que la pretensión del Cabildo es “no paralizar nada” y en que será la Comisión Insular de Patrimonio Histórico la que decida cualquier actuación en la zona hasta que se apruebe un Plan Especial de Protección.

Acuerdos por unanimidad

Las disputas y las formas finales empañaron una sesión que comenzó con el máximo consenso, con el visto bueno de todos los grupos al convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo por el que éste prefinanciará con 13 millones de euros en dos años las obras de la cuarta fase de la circunvalación de la capital grancanaria.

PSC y CC felicitaron al grupo de Gobierno por esta iniciativa, aunque le instaron a darle prioridad a la carretera de La Aldea. NC respaldó el acuerdo, pero expresó sus dudas respecto al retorno de esa cantidad y recordó el caso del Pabellón Multiusos, donde el Gobierno de Canarias y el Estado han incumplido con las cantidades comprometidas.

También hubo unanimidad en las dos mociones que presentaron los socialistas, relativas al mantenimiento de los niveles de protección del Roque Nublo y, por lo tanto, de rechazo a la instalación de un teleférico en Tejeda, y a la modificación de los efectos de la reordenación de Guguas Municipales para paliar el agravio a los vecinos de Tamaraceite-San Lorenzo y Tenoya, que tienen que pagar el transporte a un precio mayor.

Hasta el secretario insular se sumó a este espíritu de consenso, proponiendo una solución que finalmente fue aceptada y que planteaba aunar el objetivo inicial de una moción de CC para eliminar el uso del tacógrafo en Canarias con las reticencias de otros grupos como el PP o el PSC por motivos de seguridad. Finalmente se incluyó una coletilla a la moción que dejaba abierta la puerta a otras alternativas para adaptar la exigencia comunitaria a las especificidades del Archipiélago.