Los condenados sin sentencia firme no podrán ser altos cargos del Gobierno de Canarias
El Gobierno de Canarias ha elevado un peldaño el grado de incompatibilidad de las personas que pueden acceder a ser un alto cargo de la Comunidad Autónoma. Si en el anteproyecto aprobado el 18 de diciembre una de las “condiciones de honorabilidad” que tendrían que cumplir los candidatos a formar parte de la Administración Pública de Canarias era que “no haya sido condenada por sentencia firme”, ahora seguirá siendo de posible designación si la misma “no es firme” e implica “privación de libertad”.
Así lo ha asegurado el consejero de Presidencia, Aaron Afonso, durante su comparecencia para explicar los avances que existen en el Estatuto de Altos Cargos y Buen Gobierno que el Ejecutivo quiere remitir próximamente al Parlamento.
Así, esa incompatibilidad durará “hasta que se haya cumplido la condena y, en algunos supuestos, como las que deriven de delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico, la Administración de Justicia o la Administración Pública”, pues no podrán ser designable “hasta que los antecedentes penales hayan sido cancelados”.
Asimismo, deberán hacer pública tanto su declaración de bienes como la de sus respectivos cónyuges.
El Estatuto pretende “incrementar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, garantizando que los futuros altos cargos “reúnan condiciones suficientes de formación y experiencia” y “evitando las llamadas puertas giratorias”.
Al respecto, la diputada de Podemos Concepción Monzón aseguró que “el problema de las puertas giratorias no es solo evitar a dónde van después, sino de donde vienen”, aunque aseguró que su grupo apoyará todas las medidas dirigidas a reforzar la transparencia y la lucha contra la corrupción.
El socialista Ignacio Álvaro Lavandera, que fue quien pidió la comparecencia del consejero, aseguró que esta “ambiciosa Ley” es uno de los objetivos más prioritarios del actual Ejecutivo, pues “facilitará a la ciudadanía el control de los asuntos públicos”.
“Marcará un camino sin vuelta atrás en la clarificación del interés general como objetivos a alcanzar por los dirigentes políticos”, aseguró el portavoz socialista.
En parecidos términos, la nacionalista Socorro Beato que “no vamos a consentir que la duda se extienda a todos los políticos, porque la mayoría somos gente honrada”, por lo que esta Ley contribuirá a impedir que la corrupción se produzca y que ésta pueda quedar impune.
Asimismo, criticó que el Grupo Popular defienda en el Parlamento de Canarias medidas de regeneración política que rechaza luego aprobar en el Congreso de los Diputados, y recordó que en la reforma del Estatuto de Autonomía, que los conservadores no han apoyado, se incluye el “desaforamiento de los diputados”.
Por último, el conservador Emilio Moreno lamentó que esta ley “llegue tarde”, pues debería haberse aprobado junto a la Ley de Transparencia, tal y como propuso sin éxito el PP canario.
