El consejero de Turismo considera necesario “sacar de la sombra la actividad relacionada con el alquiler vacacional”

El consejero de Turismo, Isaac Castellano (c), se reunió hoy con representantes de las organizaciones sindicales UGT y CCOO.

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

El consejero de Turismo, Cultura y Deportes de la comunidad autónoma, Isaac Castellano, ha asegurado que se evitará que el alquiler vacacional promueva la economía sumergida, para lo que se articularán diversas medidas.

“Se tiene que someter a los convenios colectivos”, y además, es necesario “sacar de la sombra la actividad relacionada con el alquiler vacacional”, por lo que se exigirá a las plataformas que publicitan las viviendas que publiquen el número de registro, y en caso de que alguna no esté regulada, la retiren del alquiler, ha manifestado el consejero.

Castellano (CC) se ha reunido este viernes con representantes de las organizaciones sindicales UGT y CCOO para presentarles las líneas generales del nuevo decreto que regulará el alquiler vacacional, que tiene entre sus novedades autorizar dos alquileres al año sin que la vivienda sea declarada vacacional con todas las consecuencias.

El consejero ha insistido en que “es necesario conciliar el interés general” frente a los diferentes intereses, pues hace falta “armonizar el derecho a la vivienda del conjunto de la ciudadanía con el desarrollo de una industria turística sostenible y de calidad”.

El decreto de alquiler vacacional estará previsiblemente terminado este año, una vez que el Gobierno se reúna con todos los sectores implicados y presente diversas posibilidades, sobre las que después decidirá, ha indicado Castellano.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló a petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dos de las disposiciones más polémicas del decreto de alquiler vacacional aprobado la pasada legislatura: la que prohíbe esta actividad en zonas turísticas y la que veta el alquiler por habitaciones.

El Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la comunidad autónoma contra esa sentencia, por lo que el decreto sigue en vigor en su integridad hasta que el Alto Tribunal se pronuncie.

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