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''Hemos dado la voz de alarma''

JOSÉ MANUEL RAMÍREZ

El presidente de los responsables de los servicios sociales insiste en que España corre un grave riesgo de ruptura de la paz social.

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"Si no se toman medidas en relación al sobreendeudamiento, la paz social se puede quebrar". Son palabras de Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales en España, que ha presentado este martes una propuesta a las Cortes para que valoren la creación de una figura jurídica que proteja a las familias de la insolvencia, igual que a las empresas. "Hemos dado la voz de alarma", ha reconocido en el programa Tiempos Modernos de CANARIAS AHORA RADIO, "porque estamos en contacto con la realidad cotidiana".

Esa "realidad cotidiana" afecta ya a una de cada cuatro familias que, según los datos que maneja la asociación, viven en riego de pobreza. "Cientos de miles de familias estarían al borde la exclusión social", insiste. Para evitar que se produzca esa brecha de la cohesión social que pronostican, instan al Gobierno y al Congreso a "hacer algo" y la solución, según Ramirez, no es seguir adelgazando los presupuestos en cobertura social: "No se puede recortar más en política social; todo lo que no gastemos en política social habrá que gastarlo en política de seguridad".

El presidente de los directores y gerentes de los servicios sociales denuncia que la red de atención a las personas en riesgo de exclusión social está ya saturada. "Los servicios sociales públicos no damos ya abasto, con casi ocho millones de personas, y las redes de ONG están saturadas", ha criticado.

Su propuesta pasa por equiparar la legislación española a la de otros países europeos que sí cuentan con figuras jurídicas que protegen a las familias y su capacidad de mediación con los bancos para negociar casos como los de las más de 300.000 familias que, según Ramírez, ya han perdido su casa. De este modo, ha defendido, se equipara la protección jurídica de las familias en situación de inclusión precaria o exclusión moderada y deudoras de buena voluntad, a la de las empresas que sí están protegidas por la ley de procedimiento concursal.

En cuanto a la gestión del Gobierno en este sentido, Ramírez ha considerado que España "ha retrocedido 30 años en estos últimos 30 días". "No podemos recortar en protección social", ha reiterado, "España tiene seis puntos por debajo de los países europeos en inversión del PIB y en Canarias es aún peor", ha puntualizado.

Ramírez ha citado dos ejemplos: "Valencia, junto con Canarias, es de las peores comunidades autónomas que tienen montados los servicios sociales", ha dicho, pese a que el archipiélago es la segunda región española con mayor tasa de paro.

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