Un decreto del Gobierno canario podría dejar en paro a 1.075 trabajadores
Una orden de la Función Pública canaria para convocar 1.508 plazas de promoción interna de trabajadores de la Comunidad Autónoma podría significar el paro para 1.075 plazas ocupadas en estos momentos por personal laboral temporal, que llevan una media de seis años (en algunos casos hasta 18) en el puesto, según ha denunciado hoy el sindicato Convergencia Sindical Canaria (CSC)-OCESP.
Esta orden fue publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), y fija que a partir del 5 de marzo empiecen a presentarse las solicitudes para el 21 del mismo mes tener una lista previa. Se prevé que en abril se comuniquen las nuevas plazas y se darán cinco días al personal laboral “para que recoja sus cosas y se vaya al paro”, tal y como criticó la portavoz del sindicato, Ángela Hernández.
Según la portavoz, esta celeridad y el hecho de no haber convocado un concurso público se debe a la cercanía de las elecciones. Hernández cree que es bueno que se dé una solución a la temporalidad en el personal de la Comunidad Autónoma pero considera esta medida como “drástica”.
El sindicato ha exigido por escrito al consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, una solución que no pase por el despido de estos trabajadores. La propuesta hecha al consejero pasa por promover la promoción interna con plazas que no estén ocupadas (un total de 433 “vacantes puras”) y abrir las restantes 1.077 a los trabajadores temporales que las cubren desde hace años.
Por tanto, se trataría realizar dos procesos simultáneos, por un lado, ofertar las plazas puras, esto es, las que no están ocupadas, y por otro, dar la oportunidad al personal temporal de fijar sus empleos. Sin embargo, denuncian que la respuesta del consejero ha sido la publicación de la orden, lo que tildan de “traición al no buscar una salida para que no queden en la calle estos trabajadores”.
“Nos parece bien que haya una mejoría entre los trabajadores, pero esa mejoría no puede pasar por costar los empleos de otros trabajadores”, denunció Hernández.
Un acuerdo respaldado por la mayoría, según la Administración
La Administración, por su parte, alega que se basa en un acuerdo respaldado por la mayoría sindical, formada, entre otros, por CCOO e IC, algo que CSC consideró que el objetivo debe ser defender a los trabajadores y no es lo que hacen estos sindicatos“.
Convergencia Sindical Canaria tiene el respaldo de los trabajadores afectados y emprenderá movilizaciones y acciones de protesta, aunque Hernández reconoció que, una vez publicado el decreto en el BOC, “es difícil” que el Ejecutivo cambie de postura.
La situación afecta a todos los departamentos autonómicos y a todas las categorías, aunque sobre todo a Educación, Empleo y Asuntos Sociales y a los grupos 4 y 5, es decir auxiliares administrativos, personal subalterno, cocineros y conductores, entre otros.
Estimó que se ha llegado a esta situación, en la que se ha “traicionado” a los 1.077 trabajadores, por el “interés” de algunas de las personas que se sientan en la mesa negociadora y por desconocimiento de la Administración, para la que los empleados son “números”.
El objetivo del decreto es acabar con la temporalidad del empleo público, que abarca el 28 por ciento, pero en este caso la promoción es para los que ya son fijos.
