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Los denunciantes del concurso de la Televisión Canaria estudian ir a la jurisdicción ordinaria

REITERAN SU DENUNCIA POR SUPUESTAS IRREGULARIDADES

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Los consejeros propuestos por Nueva Canarias para el Consejo de Administración de Radio Televisión Canaria (RTVC), Miguel Guerra García de Celis, y por el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), Domingo González Chaparro y Manuel González, evaluarán la posibilidad de ir a la jurisdicción ordinaria para reiterar su denuncia por supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso convocado en febrero de 2007 de contenidos y publicidad de la Televisión Canaria.

Así lo informó a Europa Press Miguel Guerra García de Celis, que mostró su "respeto" por la decisión de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos relacionados con la Corrupción y el Crimen Organizado en Madrid de archivar la denuncia presentada en mayo de 2008 por los tres vocales del Consejo, aunque incidió en que no la comparte.

En este sentido, el consejero propuesto por el partido nacionalista explicó que el Ministerio Público señala a los denunciantes que "tienen derecho" a acudir a la jurisdicción ordinaria y "no entra a valorar el fondo de la cuestión y no dice si es constitutivo o no de delito", añade Guerra.

En su opinión, "las razones que motivaron la presentación de la denuncia siguen estando ahí". "Cumplí con mi responsabilidad pública y ante la evidencia de que había situaciones de irregularidad en el procedimiento del concurso acudimos al Ministerio Público para que evaluara esas irregularidades descritas y esos posibles delitos", añadió.

"Decencia en lo público"

"Los consejeros tenemos responsabilidad penal y patrimonial por cualquier decisión que adopte el Consejo y, por tanto, lo lógico es que ante la evidencia de que existían esas irregularidades había que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía", reiteró.

Igualmente, reiteró "la necesidad de que en el ámbito de lo público se respete escrupulosamente la legalidad y el concepto de servicio público". De ahí que recalcó la tarea de los consejeros del ente "para fiscalizar y controlar la gestión de la Televisión Canaria", al tiempo que comentó que sobre su persona "prima el criterio de la decencia en lo público sobre cualquier otra cosa".

El Ministerio Público ha remitido a los denunciantes a los juzgados ordinarios, según informaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía, que considera, por tanto, que de existir delito, la competencia para su investigación está en la jurisdicción ordinaria y no descarta que sea un asunto para la jurisdicción contenciosa-administrativa.

De hecho, el decreto del fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, ha sido notificado a las partes sin perjuicio de que éstos puedan reiterar su denuncia en los tribunales.

Por otro lado, al ser cuestionados por Europa Press, los consejeros propuestos por el PSC-PSOE, Domingo González Chaparro y Manuel González, eludieron hacer declaraciones sobre la decisión de la Fiscalía de no tramitar su denuncia.

Proceso iniciado en 2007

El concurso de contenidos y publicidad de la Televisión Canaria fue convocado en febrero de 2007, pero tras las elecciones de mayo, el Gobierno entrante, presidido por Paulino Rivero, lo anuló. Posteriormente se produjo una nueva convocatoria, a la que concurrió la finalmente ganadora Videoreport Canarias, según recordaron fuentes consultadas por Europa Press, que señalaron que el Gobierno regional se basó en un informe de una consultora y de sus propios técnicos para otorgar el contrato del suministro de informativos a la actual concesionaria, formada por las empresa V News, Videoreport, Canarias7 y Diario de Avisos.

La denuncia se produjo el 22 de mayo del año pasado, cuando los tres citados vocales interpusieron una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas al considerar la existencia de presuntas irregularidades en el concurso de adjudicación del suministro de servicios informativos para la Televisión Canaria a Videoreport Canarias, y atribuían presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos a quienes anularon el concurso tras las elecciones autonómicas de mayo de 2007.

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