Dudas europeas sobre las cuencas hídricas canarias
Uno de los abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha concluido este jueves que España incumple la normativa europea del agua al haber aplicado sus disposiciones solo a las doce cuencas hidrográficas que discurren por varias comunidades autónomas, pero no a las demás, entre ellas las canarias. El Estado español, que sólo legisla en las cuencas intercomunitarias, ha promulgado ciertas normas para adaptar el sistema legislativo nacional al europeo, pero no ha actuado en relación a las cuencas del interior de las comunidades autónomas, que dependen de los gobiernos regionales.
Las comunidades, por su parte, tampoco han adoptado las normas adicionales necesarias para las 13 cuencas que se limitan al interior de su territorio, según explica el abogado general en sus conclusiones. Las 13 cuencas hidrográficas afectadas son: Galicia-Costa, Tinto-Odiel y Piedras, Guadalete y Barbate, Cuencas mediterráneas andaluzas, Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, Islas Baleares, Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro y La Palma.
La Comisión Europea había denunciado que las disposiciones que afectan a las cuencas intracomunitarias se adoptaron con retraso o de manera poco efectiva, por lo que no se aseguraba realmente la calidad del agua como pretende la directiva europea. El jurista comunitario confirma que las disposiciones mediaombientales, de control de vertidos y de seguimiento del estado de las aguas superficiales se trasladaron tarde a las normas de las comunidades, excepto en Cataluña, y que no garantizan una adaptación efectiva al Derecho de la UE.
En este contexto, recomienda al Tribunal de Justicia de la UE, que suele seguir sus indicaciones en la mayoría de los casos, que declare que España ha incumplido sus obligaciones al no adaptarse correctamente a la normativa comunitaria. En ese caso, se obligaría al país a ajustarse cuanto antes a lo establecido en la sentencia y, si eso no ocurriese, abriría la puerta para que Bruselas pudiese pedir sanciones económicas.
