Emmasa seguirá en manos privadas

El supuesto cumplimiento de la sentencia que anuló la privatización de Emmasa se llevó a cabo con la simple votación para que la situación permanezca tal y como está y como ha permanecido durante los últimos siete años. Eso sí, el grupo municipal socialista se comprometió a hacer lo posible para que el servicio vuelva a manos públicas.

Su portavoz, José Ángel Martín Bethencourt, justificó su cambio de opinión porque según dijo en la actualidad la situación ha cambiado de forma notable con respecto a 2005, momento en el que se llevó a cabo el pleno después anulado. El debate se desarrolló con grandes dosis de enfrentamiento y peleas por los constantes intentos del alcalde, José Manuel Bermúdez, de hacer cumplir de forma estricta el reglamento y limitar al máximo las intervenciones de los portavoces.

Pero entre el público las aguas no estaban mucho más calmadas y de vez en cuando intervenía algún asistente para mostrar su malestar. Posteriormente abandonaban de forma voluntaria la sala ante el anuncio del alcalde de que iban a ser desalojados. El lema lanzado en varias ocasiones al aire durante el receso era: “El agua no se vende” mientras que la policía optaba por no actuar pese a que el alcalde les había indicado que lo hicieran cuando alguien protestara.

El PSOE justificó su cambio de postura al considerar que la sentencia “llega tarde y en la actualidad Sacyr tiene derechos adquiridos”. La hoja de ruta anunciada por Bethencourt pasa por ejecutar el contenido de la auditoría ya encargada por la Junta de Gobierno a un técnico independiente, revisar los expedientes sancionadores y no permitir la venta de acciones.

Por ello, el portavoz socialista pidió un voto de confianza para poder encauzar la situación. El que se mostró especialmente molesto fue Guillermo Guigou, concejal de la formación política Ciudadanos de Santa Cruz que ganó esta batalla judicial. El edil intervino leyendo a toda prisa apenas dos folios y así y todo no pudo acabar el discurso. Ni siquiera le dio tiempo para advertir que con el acto celebrado no se estaba cumpliendo el contenido de la sentencia que bajo su punto de vista sólo puede pasar por la convocatoria de un nuevo concurso o devolver el servicio a manos públicas.

“Sacyr gestiona Emmasa como consecuencia de un acuerdo plenario que decidió ese modelo de gestión pero al declararse nulo, también lo son las consecuencias derivadas de ese pleno como es la propia adjudicación a Sacyr. Y eso vamos a exigirlo judicialmente. Es decir convocar un nuevo concurso y nueva licitación”.

Pero no tuvo tiempo de intervenir mucho más, lo que originó su ira: “Es inaudito que una lucha de ocho años nos obliguen a explicarla en apenas tres minutos”. El concejal de Izquierda Unida, José Manuel Corrales pidió que el expediente quedara sobre la mesa con el fin de avanzar en la resolución del contrato con Sacyr basándose en las supuestas infracciones en las que ha incurrido la compañía. Arremetió contra el cambio de postura del grupo municipal socialista que calificó de “verdadera estafa” y dijo que “no es posible recuperar la gestión del agua ratificando su privatización como van a hacer ustedes”.

El portavoz del PP, Carlos Garcinuño consideró que se debería haber abordado este asunto en un pleno extraordinario y monográfico, criticó el cambio de opinión del PSOE y dijo que apoyar al grupo de gobierno supondría darle un cheque en blanco. El portavoz de Coalición Canaria (CC), Dámaso Arteaga incidió en el alto coste que supondría para el Ayuntamiento rescindir el contrato de forma unilateral en cuanto a indemnizaciones, pago de acciones y por las obras ejecutadas. Además, acusó a Guigou de estar defendiendo a uno de los grupos empresariales que en su momento optaron al concurso de agua.

El acuerdo adoptado apunta a que se ejecute la sentencia anulando el acuerdo del año 2005 que dio lugar a la privatización del servicio pero sin embargo acto seguido se adopta otro acuerdo que implica el cambio de la gestión directa a la indirecta-mixta. La Corporación incorpora los trámites anteriores y posteriores a aquella sesión plenaria que sean válidos y apunta que el acuerdo plenario tiene carácter retroactivo desde 2005.

Fiscalía

Al acabar el debate Corrales junto con los abogados Felipe Campos y José Pérez Ventura anunciaron la presentación el lunes de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por todo lo ocurrido en esta privatización. El concejal mostró su sorpresa por el apoyo del PSOE a “un proceso claramente ilegal e irregular como ha demostrado la sentencia que se intenta cumplir hoy”.

La denuncia se centra en la posible comisión de un trato de favor “descarado” a la compañía Sacyr que “quizás tengo mucho que ver con el caso de la financiación ilegal del PP”. Campos calificó de “histórico” el pleno y dijo que entre todos los concejales se habían puesto de acuerdo para que la empresa salga beneficiada y blindarla desde el punto de vista legal.

Acusó a Guigou de exigir el cumplimiento de la sentencia para beneficiar a Sacyr ya que de haber salido adelante su propuesta se hubiese tenido que indemnizar a la compañía. Por ello, la apuesta de Izquierda Unida pasa por exigir la rescisión del contrato a coste cero y “todo ello basado en un informe elaborado por el técnico”, Víctor Reyes, “multiimputado y al que el propio concejal de Urbanismo destituyó nada más llegar a este puesto”.

La denuncia recoge, entre otros extremos, que el ex concejal socialista, Julio Pérez cobraba 12.000 euros de Emmasa. Bethencourt previamente había advertido en el pleno a Corrales que tendría que demostrar esta acusación o si no hacer frente a las consecuencias judiciales. Pérez Ventura indicó que desde el pasado mes de diciembre han dejado claro que para no pagar dinero se tenía que resolver el contrato por incumplimiento y luego ejecutar la sentencia. El abogado dijo tener constancia de que durante los últimos días se han producido movimientos para blindar los intereses de la compañía. “Hemos asistido a una mascarada en la que entre todos la mataron y ella sola se murió”, dijo Ventura.

Parte del debate también se centró en los pasos que se están dando para recuperar el servicio de recaudación voluntaria que está en manos privadas desde el año 1992, después de que varias sentencias así lo obliguen. El único grupo que mostró sus reticencias fue el popular que advirtió que los actuales concesionarios podrían obtener una indemnización millonaria y por ello se mostraron proclives a que simplemente expire el tiempo de concesión, lo que ocurrirá en breve.