Los empleados de Justicia se plantan ante los incumplimientos del Gobierno de Canarias

Aseguran que existe un quebranto de la confianza en el consejero al que acusan de no tener interés en que exista un buen servicio

La junta de personal explica que firmaron en 2008 un pacto para cobrar acorde a sus funciones en 2011, que no se ha materializado

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 (EUROPA PRESS)

La Junta de personal de los empleados de Justicia en la Comunidad Autónoma de Canarias han denunciado este jueves que el Gobierno regional ha incumplido un pacto firmado en 2008 y publicado en el Boletín Oficial en 2009 por el que a partir del pasado 1 de enero comenzarían a cobrar las retribuciones conforme a las funciones que realizan y no como hasta ahora que reciben partidas inferiores.

La portavoz de la Junta, Mery Pita, afirmó en rueda de prensa que el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, pretende hace “el timo de la estampita” a los trabajadores “otra vez más”, ya que “vulnera” el acuerdo suscrito a pesar de que los empleados conocedores de la situación económica lleva tres años esperando a los complementos. “Abusa de nuestra buena fe”, sentenció.

En esta línea, Pita afirma que el Gobierno pretende “darle la vuelta a la realidad”, pero recalcó que no se lo van a permitir. “Es una situación de manifiesta estafa a los trabajadores”, ha afirmado para recordar que están afectados unos 2.200 empleados y que la mayoría son “mileuristas”. Aquí recordó que se exige a los trabajadores cosas que no han hecho ni los miembros del Gobierno, ni los diputados del Parlamento, que se han aumentado sus salarios y rondan los 80.000 euros. “Y se permiten el lujo de cercenar nuestros derechos”, lamentó.

Pita insistió en que cumplir el acuerdo sólo supondría un 10 por ciento de lo que se gasta el Gobierno en asesores. “No se rompe la caja”, dijo y recordó que el Ejecutivo dedica unos 3 millones de euros a abonar el gasto en asesores.

MEDIDAS CONSTITUCIONALES

En este punto, avanzó la portavoz de la junta que los empleados ya se reúnen en asambleas para estudiar las iniciativas a impulsar. “Utilizaremos todos los medios constitucionales a nuestro alcance para pelear y exigir que se cumpla lo que se acuerda. No se juega con las cosas de comer”, espetó.

De igual forma, Pita subrayó que este jueves los empleados ya se han movilizado en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. “No nos van a cansar”, subrayó Pita quien además precisó que se trata de un colectivo “muy activo”. Avanzó que se solicitarán reuniones con los operadores jurídicos y que la huelga será el último instrumento. “No tiene palabra”, resumió Pita sobre la actitud de Ruano.

Por su parte, Dulce Páez, recordó que no se trata sólo de una reivindicación laboral, sino también social, ya que la situación afecta a muchos ciudadanos. Lamentó además que no haya “interés político” en resolver esta situación porque si lo hubiese habría presupuesto.

LOS HECHOS

Además Gregorio Pérez Sosa ha indicado que todo comenzó en 2003 cuando se realizó la transferencia de Justicia a la Comunidad. Expuso que se subió la responsabilidad a los empleados, pero no se contempló en las nóminas. Así enumeró varias negociaciones que finalizaron en acuerdos que no se cumplieron por parte del Ejecutivo y que llevaron en 2006 a una huelga de seis días.

A partir de ahí, expuso que se abrieron los registros por las tardes, se comprometieron aumentar las plantillas en Penal y que se crearía la oficina judicial, que debería haber entrado a funcionar en enero de 2011. Precisó que el acuerdo alcanzado a finales de 2008 contemplaba que se abonasen los complementos a partir de enero de 2011 y que el Gobierno de Canarias ahora no sólo no lo cumple, sino que tampoco reconoce el carácter retroactivo del mismo. Añadió Pérez que incluso el pacto contemplaba acuerdos para la forma de abono que podría alcanzar hasta 2013.

“Nos levantamos de la mesa por el quebranto y la falta de confianza en el Gobierno. Es nula”, sentenció Pérez quien además criticó que la oficina judicial no podrá ponerse en marcha hasta que no se negocie su estructura, el número de funcionarios y sus funciones. Por último no se olvidó de asegurar que “a día de hoy” el sistema Atlante II “es un desastre en muchos aspectos”.