Los estudiantes rechazan las indemnizaciones del Ayuntamiento de LPGC por la biblioteca
La Asociación Canaria de Estudiantes Progresistas (ACEP) se ha mostrado en contra de las indemnizaciones que planea pagar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a los vecinos afectados por la construcción de la biblioteca del Estado. El Consistorio pretende así evitar el derribo del centro, al que obliga la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal el edificio.
“La responsabilidad en este asunto es de los dirigentes políticos que se saltaron la ordenación y las recomendaciones de los técnicos del Ayuntamiento”, descata la asociación en un comunicado, “por ello, no pueden salir impunes y mucho menos que tengamos que pagar las indemnizaciones todos los ciudadanos”.
Una sentencia del Tribunal Supremo dictada en noviembre de 2010 declara nula la ordenación de la parcela sobre la que se contruyó el edificio en 1997, ya que reconoce que su aprobación respondía a la intención del Gobierno municipal, dirigido entonces por el ahora ministro de Turismo, José Miguel Soria, de eludir el cumplimiento de una sentencia anterior.
La ACEP responsabiliza al actual alcalde de LPGC, Juan José Cardona (entonces concejal de Urbanismo en la capital), de las negligencias cometidas en la proyección de la biblioteca y rechaza la pretensión del actual equipo de Gobierno de pagar a la Comunidad de Propietarios las indemnizaciones con cargo a las arcas municipales para evitar el derribo.
