15.000 euros para los guardaespaldas de Bermúdez en el carnaval
Los seis escoltas de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) que han sido asignados al alcalde José Manuel Bermúdez cobraron en total 14.842 euros en horas extras con motivo del pasado carnaval, “por haber prestado servicio extraordinario, estando libres de servicio”, aunque también protegieron a otras personas.
Según el informe interno al que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, hubo agentes que llegaron a hacer 15 horas de servicio en una misma jornada, durante el carnaval de día del sábado 25 de febrero, desde la una de la tarde hasta las cuatro de la madrugada del día siguiente.
En total, se contabilizaron 483 horas de categoría C, que se pagan a 30 euros la hora, y 10 horas de categoría B, a 22 euros cada una. Las horas extras de categoría C son para días festivos o nocturnidad, que se contabiliza a partir de las 20.00 horas, mientras que las de categoría B se contabilizan cuando el agente está libre de servicio, siempre que se trate de días laborales.
Hubo seis días en los que coincidieron los seis policías asignados a la subunidad de “protección de autoridades”, como el 10 de febrero, cuando se celebró el concurso de murgas adultas, en que el servicio comenzó a las siete de la tarde y acabó a las tres de la mañana, o el lunes de carnaval, en que las funciones de escolta se iniciaron a las nueve de la noche y concluyeron a las siete del día siguiente.
Algunos de los escoltas de Bermúdez percibieron 3.126 euros en horas extras con motivo del carnaval 2012.
Ya en ocasiones anteriores, como en esta, el interventor del Ayuntamiento advirtió de que la libre disponibilidad de los policías adscritos a la subunidad de protección se pagaba doblemente: como complemento en cada nómina y como incremento de la “categoría” de la hora extra llevada a cabo.
El funcionario amenazado de muerte también pide protección
Por otra parte, la Junta de Personal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pedido protección para el funcionario que ha denunciado ser amenazado de muerte por su labor sindical y sus denuncias en relación a una funcionaria acosada y su posible vinculación con el caso Innova.
El acuerdo de la Junta ha sido solicitar al alcalde “la asignación de un escolta y otras medidas de seguridad en torno a su domicilio, como se ha hecho recientemente con periodistas y personajes del carnaval”.
