Exigen cambios legales contra los 'floteros'

Macame Mesa / Carmen Mesa

Siete asociaciones del taxi han exigido este martes replantear o revocar la Ley de Transporte por Carretera de Canarias de 2007, que regula el servicio en el Archipiélago y que a juicio del presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez, “es la que ha generado la corrupción tan grande que hay en Las Palmas de Gran Canaria, ya que da posibilidad a que se cree la figura del flotero”.

Suárez reclamó la dimisión del concejal de Movilidad Ciudadana y Medioambiente, Ángel Sabroso, por la situación actual del sector en la capital grancanaria, en referencia al elevado número de licencias gestionadas irregularmente por los floteros, que ha estimado en unas 700. Asimismo, indicó que un flotero que acumule 60 vehículos puede ganar una media de 6.500 euros al día.

La petición de Suárez contó con el apoyo de asociaciones relacionadas con el sector en la Isla, como Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria y de Ingenio, además del de otras plataformas provenientes de municipios tinerfeños, como la Asociación de Teletaxis de Santa Cruz de Tenerife, la Asociación de Asalariados del Taxi de Adeje y la Cooperativa de Taxis de La Laguna y los partidos Compromiso y Nueva Canarias, cuyos representantes estuvieron presentes en una rueda de prensa celebrada este martes en el Pueblo Canario de la ciudad capitalina.

Entre los cambios reivindicados por los colectivos, se encuentra la obligatoriedad de que el titular de la licencia de taxi tenga dedicación plena y exclusiva y que una vez alcanzada la jubilación o en caso de viudedad, ésta tenga que ser traspasada a un tercer autónomo que no esté en posesión de otro permiso, según explicó el abogado del colectivo tinerfeño, José Miguel Morín, que insistió en que “a día de hoy la figura del flotero es ilegal” ya que la ley canaria prohíbe el arrendamiento y la sesión de licencias.

El presidente de Atlatc denuncia la situación actual no se hubiera producido “si hubieran prestado atención” al escrito presentado por la Asociación el 18 de mayo de 2012, en el que se alertaba de que el reglamento municipal no se estaba cumpliendo. En ese sentido se pronunció la presidenta de la asociación de asalariados del taxi de la ciudad, María Eugenia García, que aseguró que Sabroso “ha tenido información clara al respecto desde el primer día”, por lo que “prevarica desde el minuto uno”.

El presidente de la Asociación de Teletaxis de Santa Cruz de Tenerife, Víctor Melián, denunció la situación de “esclavitud” que provocan los floteros y mostró su sorpresa al afirmar que “parece que Las Palmas de Gran Canaria no tiene alcalde, si no hubiese destituido ya al concejal”. En este punto, hizo referencia a unas 70 expedientes que han ido a parar a un cajón del Consistorio grancanario. El representante del colectivo lagunero, Francisco Guanche, manifestó que este tipo de irregularidades se producen en los distintos municipios de Canarias, pero “mucho más” en Las Palmas de Gran Canaria.

Suárez dijo desconocer si en los últimos 10 años el Ayuntamiento ha iniciado alguna investigación sobre este tipo de irregularidades y pide que se depuren responsabilidades. Por su parte, García señala que las entidades a las que dirigen en primer lugar las viudas que han resultado beneficiarias de una licencia son las cooperativas y la Asociación de Autónomos del Taxi (ATAT). Aspecto en el que solicita la intervención de la Administración local.

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