La existencia de una cinta demuestra supuestas presiones al alcalde de Arona
El abogado Felipe Campos, personado en el llamado caso Arona como acusación particular, aseguró este viernes que pondrá a disposición del juez Nelson Díaz Frías, que instruye el caso, una cinta en la que supuestamente el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, reconoce presiones de empresarios y concejales para redactar el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio.
Campos recordó que en noviembre pasado, el redactor del PGO, Jorge Coderch, “reconoció que lo había redactado de forma irregular a petición de políticos”, supuesto que está denunciado, y que el periodista que lo publicó recibió amenazas de muerte.
Tras este hecho, el abogado dice que aportará de forma inmediata a la investigación una cinta que obra en su poder en la que supuestamente se escucha una conversación del alcalde con algunos vecinos y en las que se podía oír al alcalde admitir que él y algunos concejales decían al redactor “pon esto quita esto”, y que incluso reconoció: “Recibo presiones de los empresarios”.
Para Campos esta nueva prueba es “un reconocimiento definitivo de que el documento del PGO en sí es un delito de prevaricación y lo que parece sorprendente es que a estas alturas ese documento, que está en la Cotmac pendiente de subsanaciones, se esté siquiera planteando que pueda entrar en vigor”.
“No se entiende ?añadió? que un documento en el que el propio redactor, el propio alcalde reconocen que está mal hecho y que se han recogido peticiones expresas de los propios concejales pueda regir la vida de un municipio”.
“Mete terreno”
Otra de las frases que reprodujo el abogado de la cinta, grabada en diciembre del año pasado y en la que supuestamente el alcalde habla con vecinos sobre presiones e irregularidades en la redacción del PGO, fue la petición a Coderch de “mete, mete terreno”.
Además, asegura que en la misma conversación se puede escuchar que cuando se le señalan cosas “atípicas o irracionales” como que se recoja en el PGO un edificio en una parcela de equipamiento el alcalde dice que “cosas de estas hay 200”.
“Hemos pedido que la Cotmac retire el documento y que el juez proceda a la suspensión cautelar del procedimiento”, dijo Campos, así como que “en esta situación de ilegalidad sistemática” va a incorporar 52 nuevas licencias que se han dado recientemente. “Con el absoluto descaro se han dado licencias que están en el caso Arona”, afirmó, en relación a presuntas edificaciones que ocupan zonas de dominio público.
Por último, dice que va a pedir la disolución del Ayuntamiento porque a su juicio “actúa guiado por un designio de absoluta ilegalidad”.
Irregularidades
El conocido como caso Arona, del que se ocupa el juez Nelson Díaz Frías, y que mantiene imputada a la anterior junta del gobierno municipal, investiga irregularidades relacionadas con la concesión de licencias entre 2003 y 2007 que obtuvieron informes jurídicos desfavorables y que contaron con el visto bueno de la oficina técnica.
Según ha trascendido, se acusa a la anterior junta de gobierno de supuestos cobros de comisiones a cambio de la concesión de licencias urbanísticas. El caso se inició en 2007 a raíz de una denuncia del PSOE, que motivó una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas ilegalidades contra la ordenación del territorio.
Posteriormente, a raíz de la declaración de un testigo, se procedió a la detención de dos aparejadores, un arquitecto municipal y un empresario, acusados de presuntos delitos de prevaricación y cohecho, aunque fueron puestos en libertad condicional bajo fianza de 80.000 euros.
