El fiscal pide un año y tres meses de prisión para Carlos Sánchez (PP)
En su escrito de calificación libre absoluta en el que solicita la apertura de juicio oral a celebrar ante el Juzgado de lo Penal, el Ministerio Público considera que en este asunto concurren cinco delitos: contra la ordenación del territorio, de usurpación inmobiliaria, de falsedad documental y dos delitos de prevaricación urbanística.
Según el relato del Ministerio Fiscal, los promotores de una urbanización de chalets tipo duplex a construir en el municipio de Santa Brígida, varios técnicos de ese Ayuntamiento y el entonces concejal de Urbanismo, el hoy dirigente del PP Carlos Sánchez, cometieron varios delitos al levantarse una parte de esos inmuebles sobre suelo rústico, a pesar de las denuncias presentadas y de algunos informes que así lo acreditaban. En concreto, de los veintisiete chalets de los que contaba esa urbanización, al menos siete invadían terrenos calificados como rústicos en el planeamiento satauteño.
El Fiscal asegura en su escrito que, tras varias denuncias, el concejal de Urbanismo, Carlos Sánchez; el arquitecto Juan Manuel Delgado; los administradores solidarios de la empresa promotora, Teyma Canais, S.L. y el aparejador municipal José María Lupiola, se reunieron el 13 de marzo de 2003 en el Ayuntamiento para pactar “verbalmente” el reconocimiento por parte de la constructora de que se invadía suelo rústico y el cese de los trabajos de construcción “al menos temporalmente”.
Pese a ser su obligación, el concejal no inició procedimiento administrativo de revisión de validez de la licencia otorgada, ni ordenó suspender y precintar las obras, que fueron paralizadas el 8 de julio de 2003, pero por decreto de la Alcaldía.
Tanto la primera licencia de obras otorgada el 15 de noviembre de 2000 como la de 18 de abril de 2001 para esta misma urbanización fueron declaradas nulas de pleno Derecho por sentencia de 30 de enero de 2004 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria por haber autorizado el Ayuntamiento la ejecución de obras sobre suelo rústico.
Para que prosperara toda la trama fue necesario el concurso de algunos técnicos municipales, que llegaron a requerir al promotor de forma verbal para reconducir las irregularidades o elaboraron informes inexactos del alcance de las infracciones urbanísticas que se estaban cometiendo presuntamente.
Los responsables criminales que señala el fiscal son Teodoro Correa Pérez, Ángel Luis Peña Chamorro y Juan Manuel Delgado Bethencourt, administradores de Teyma Canais, S.L., los dos primeros, y arquitecto del proyecto el tercero, por un supuesto delito de usurpación inmobiliaria, por el que pide prisión de dos años, multa de veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por el tiempo de tres años. Para Pablo Hernández Monroy, arquitecto al servicio del Ayuntamiento, pena de un año y diez meses de prisión e inhabilitación de nueve años por un presunto delito de prevaricación urbanística. Para José María Lupiola, aparejador municipal, el fiscal reclama un año y diez meses de prisión e inhabilitación especial de nueve años por prevaricación urbanística, así como suspensión de empleo y cargo público por un año y diez meses por falsedad en certificado.
Para Carlos Sánchez, concejal de Urbanismo en el momento en que se produjeron los hechos, se interesa una pena de un año y tres meses de prisión, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años por ser autor de un presunto delito de prevaricación urbanística.
Además, el Ministerio Fiscal ha solicitado que se remita testimonio al juzgado que corresponda por haber detectado delito de exacción ilegal en la liquidación de impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana (IBI) del año 2000 a Domingo Santana Quintana, el propietario original de los terrenos, que vendió a la promotora para la urbanización que dio lugar a estas actuaciones.
También ha detectado el fiscal un posible delito de usurpación de funciones en el arquitecto Pablo Hernández Monroy, que sin tener un contrato en regla con el Ayuntamiento emitía informes de los que se valía el grupo de gobierno para otorgar licencias. Al parecer, este arquitecto cobraba mediante talones que le extendía personalmente el concejal de Urbanismo, Carlos Sánchez, según ha declarado él mismo. Esta vertiente del caso deberá verse en otras actuaciones judiciales.
La gestión del consejero del PP Carlos Sánchez como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Brígida le ha generado tres situaciones de imputación penal, pero la del caso de los veintisiete chalets invadiendo suelo rústico es la primera que alcanza la petición fiscal de pena de prisión.
