El Gobierno reembolsa a Fred Olsen 2,4 millones
El Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves la realización de un gasto de 2.488.549 euros para reembolsar a la naviera Fred Olsen el importe de las bonificaciones efectuadas durante el primer trimestre de 2013 por el transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias.
El portavoz del Gobierno, Martín Marrero, en la rueda de prensa posterior al Consejo, ha recordado que la comunidad autónoma realiza periódicamente el reembolso de las cantidades descontadas en el precio de los billetes de acuerdo al decreto por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias.
Una nota del Ejecutivo indica que incluyó en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este año una partida de algo más de 33 millones de euros para garantizar el reembolso de las bonificaciones reconocidas.
De este modo, la Comunidad Autónoma se mantiene al día en los pagos para el sostenimiento de la conectividad por vía marítima en el Archipiélago, con el abono de las subvenciones a medida que se justifican.
El porcentaje de la bonificación autonómica está fijado actualmente en el 25% del precio del billete.
Subvención para el Cabildo de Gran Canaria
Por otro lado, el Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves subvencionar al Cabildo de Gran Canaria con un total de 834.048 euros destinados a cubrir parte de los gastos derivados del programa de atención a menores inmigrantes no acompañados durante el 2012.
Se trata de subvenciones destinadas a cubrir parte de los gastos que ha generado en las Islas la distribución y acogida de los menores extranjeros y que ha requerido de actuaciones específicas destinadas tanto a salvar las dificultades del idioma y del conocimiento de los usos sociales, como a favorecer su escolarización y formación sociolaboral, según informa el Ejecutivo en una nota.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno, Martín Marrero, explicó que las actuaciones desarrolladas en los centros dependientes de los cabildos insulares, a los que corresponde la gestión de los centros y servicios públicos de acogida, siempre han supuesto un elevado coste económico para dichas entidades locales. Por ello, añadió, el Gobierno de Canarias ha colaborado desde su inicio en sufragar los gastos.
El Gobierno recuerda en una nota que en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales de 2006, se determinó que el número máximo de menores extranjeros no acompañados atendidos por las corporaciones insulares sería de 250 y el abono será de 56 euros niño-día por parte del Gobierno de Canarias y de 6 euros a aportar por los cabildos.
La Conferencia Sectorial celebrada en el año 2010 acordó también el abono de la plaza, al margen de su ocupación o no, ya que la existencia y predisposición de un recurso a acoger menores conlleva ya un coste que debe tener garantizada su financiación, al margen de la ocupación puntual o no.
Asimismo se estableció la distribución de los menores extranjeros no acompañados a atender por cada cabildo insular, y la aportación de la comunidad autónoma y de éstos.
Distribución de competencias
Por último, el Gobierno de Canarias ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración con el Cabildo de La Palma para agilizar la gestión del reconocimiento de discapacidad en esta isla.
Martín Marrero ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que estos trámites están relacionados con la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el reconocimiento del grado de discapacidad.
Los gastos que conlleva la suscripción del convenio de colaboración ascienden a la cantidad máxima de 11.000 euros, que serán financiados por la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
El reglamento orgánico de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda señala que le corresponde a la Consejería el reconocimiento del grado de discapacidad.
Asimismo, es competencia del Gobierno canario la diagnosis, valoración y orientación de las personas con discapacidad, ha detallado el portavoz gubernamental.
Marrero ha precisado que en Canarias la distribución de competencias en materia de servicios sociales pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa entre las administraciones públicas implicadas.
Por ello, la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda acude a convenios de colaboración para llevar a cabo la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del grado de discapacidad de las personas que así lo precisen, con residencia en la isla de La Palma.
