Gran Canaria pierde la batalla de la Ley Turística
Los empresarios y la clase política de Gran Canaria han perdido la batalla que en las últimas horas han dado contra la prohibición de la Ley de Renovación y Modernización Turística a que se puedan construir nuevos hoteles de cuatro estrellas, unos establecimientos que son mayoría en la Isla y que, sin embargo, ahora solamente podrán ser objeto de rehabilitación, sin que puedan construirse nuevas camas.
Como estaba previsto, la nacionalista María del Mar Julios rompió la disciplina de voto y se unió al Mixto y al Grupo Popular para votar en contra del artículo 4 de la Ley que en estos momentos sigue debatiéndose en el Parlamento regional. No obstante, la reacción política y empresarial a esta polémica sobre los hoteles de cuatro estrellas no fue más allá en la Cámara regional del voto en contra, pues ninguno de los diputados de Gran Canaria contrarios, que sumaban más de un tercio de los escaños de la Isla, se unieron para aplicar el veto reglamentario que habría retrasado hasta mañana la aprobación de la Ley.
De nada ha valido a los grupos que apoyan al Ejecutivo que preside Paulino Rivero que 24 horas antes el pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobara una moción pidiendo excluir a los hoteles de cuatro estrellas de la moratoria, toda vez que la rehabilitación no es suficiente para reactivar el sector de la construcción en la Isla. Y tampoco el Pacto se ha doblegado a las presiones de la patronal grancanaria, ya que su homóloga tinerfeña si ha aceptado, aunque con matices, la nueva Ley.
Precisamente, el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, insistió en que “apoyamos la moratoria con mayúsculas, no con la boca chica” y pidió excluir a los establecimientos de cuatro estrellas de la misma en base a criterios de calidad, porque era incongruente apartarlos mientras la Ley “permite construir sin límite villas y hoteles de cinco estrellas y de gran lujo”.
Por su parte, el conservador Miguel Jorge Blanco insistió en que el Gobierno de Canarias estaba restringierndo la libertad empresarial y las inversiones de quienes quieren emprender en época de crisis. Una restricción que, para el PP, afecta incluso a los visitantes de Gran Canaria, “pues el 88% utiliza hoteles de cuatro estrellas y el Gobierno de Canarias les está dando la espalda”.
Los argumentos de ambos fueron contestados por el socialista Pedro Marín y el nacionalista José Miguel González, que aseguraron que la Ley “no puede convertirse en un conflicto de Gran Canaria contra Tenerife” y que, además, lo que se busca es “reactivar la construcción con actuaciones que consuman masivamente mano de obra, pero no que consuman suelo”, por lo que hay que apostar por la rehabilitación.
Román Rodríguez, por su parte, también ha asegurado que mientras que el “estado no confía en las comunidades autónomas, el Gobierno de Canarias no confía en la mayoría de edad de cabildos y ayuntamientos”, ya que el Ejecutivo sería quien tutelara los planes municipales de modernización. Sin embargo, se aprobó una enmienda transaccional por la que los ayuntamientos deberán dar su visto bueno a los mismos antes de que el Ejecutivo los apruebe.
