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La juez cita como imputados a los hijos de Antonio Plasencia e Ignacio González

LAS TERESITAS/ POR UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN

La polémica operación de compra venta de la playa santacrucera tiene ya un total de 15 imputados, que suman un total de 30 imputaciones.

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La jueza de la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que instruye el caso de Las Teresitas, Carla Bellini, ha citado el próximo lunes, 23 de mayo, a declarar como imputados "por un presunto delito de malversación" a Carlos Antonio Plasencia Romero y Pedro Miguel González Santiago, hijos de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, que también están imputados por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos por la operación de compra venta de la playa santacrucera.

La providencia ha sido fechada este viernes por la magistrada instructora de un caso cuyas investigaciones judiciales se prolongan desde diciembre de 2006, y que hasta el momento se salda con un total de 30 imputaciones y 15 personas imputadas.

Los dos nuevos imputados por presuntos delitos relacionados con la compra venta de Las Teresitas en el año 2011 deberán personarse en la sala de lo penal del TSJC en Las Palmas de Gran Canaria, siendo Plasencia el primero en declarar, a las 10.00 horas, mientras que el hijo del también presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz deberá hacerlo a mediodía.

El último auto de Bellini que referido a nuevos imputados data del 10 de febrero de 2010, cuando incluyó a los ex concejales Emilio Fresco, José Emilio García Gómez y José Luis Martín en un presunto delito de cohecho.

El resto de imputaciones que ya se conocían por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos recayeron en Miguel Zerolo (alcalde), Manuel Parejo (ex concejal de Urbanismo y actual primer teniente de alcalde), Antonio Messia (ex tesorero municipal), Juan Reyes Delgado (secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (interventor delegado de Urbanismo), José Eugenio de Zárate (secretario general de la corporación) y José Tomás Martín (gerente de Urbanismo).

Sobre el alcalde Zerolo recae una tercera imputación, la de presunto cohecho, así como otras dos de malversación y cohecho contra Felipe Armas, un peón de la construcción.

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