Los imputados por Siliuto, citados a declarar

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife, Nuria Navarro García, ha citado a declarar como imputados por presunta malversación de fondos públicos y prevaricación en la compra de la casa Siliuto del barrio de El Toscal en Santa Cruz a los cargos públicos que a finales de 2002 conformaban el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo.

De esta lista tan sólo Dámaso Artega sigue como concejal al frente del área de Servicios Municipales y entre los nombres también aparece Antonio Covas, hoy fallecido y entonces representante de Coalición Canaria (CC). La ronda de declaraciones comenzará el próximo 4 de marzo y a partir de aquí tendrán que comparecer los miembros del Consejo que el día 3 de diciembre de 2002 acordaron la adquisición de este inmueble por un precio que según la denuncia de la Fiscalía superó en 188.000 euros el valor real de la casona. Ese día declararán los ex concejales de Coalición Canaria (CC), Norberto Plasencia, que entonces era el responsable de Urbanismo y Obras, Manuel Parejo y Basilio Franco Guerra.

Un día más tarde lo harán Dámaso Arteaga, actual responsable de Servicios Municipales y Juan Antonio Rodríguez, todos ellos también de CC. Finalmente, el día 11 de marzo le tocará el turno a María José Gutiérrez Pajarón, entonces representante del Partido Popular (PP), José Luis Martín Rodríguez, del Partido Socialista Canario-PSOE y David Jaime Sáenz Cortés que esos momentos se encontraba en el grupo mixto. Curiosamente ha sido llamado a declarar el concejal de CC, Antonio Covas Domínguez, ya fallecido.

Por ahora no han sido citados ni en calidad de imputados ni de testigos los técnicos de la Gerencia como son el entonces secretario, Víctor Reyes, el ex interventor, José Luis Roca, que en aquella reunión no estuvo presente y fue sustituido por Esther Pérez, José Tomás Martín, que entonces ocupaba el puesto de gerente, Epifanio Gómez y Loreto Ariz Algunos de los nombres del caso Las Teresitas y de la compra de la casa Siliuto coinciden ya que ambas operaciones se llevaron a cabo en el mismo mandato que abarcó de los años 1999 a 2003.

Asimismo, la Fiscalía ha solicitado que comparezcan como testigos los antiguos dueños de la casa, Francisco y Carmen Alonso Siliuto. La denuncia fue interpuesta por el abogado y concejal de Sí Se Puede, Pedro Arcila y el letrado, Felipe Campos ante la Fiscalía Anticorrupción y durante los meses de verano se dio a conocer que la fiscal jefe, Carmen Almendral había decidido hacerla suya y remitirla a los juzgados para que comenzara la instrucción tal y como ocurrirá a partir del día 4 de próximo mes de marzo. El grueso de la querella apunta a una presunta malversación de fondos públicos y prevaricación, al entender la Fiscalía que los responsables de la Gerencia compraron la casa por 188.000 euros más de su valor real. Según se recoge en la denuncia, el Ayuntamiento adquirió el inmueble por 612.000 euros y pagó además otros 11.000 por los impuestos que supuso la operación, incumpliendo el acuerdo de que esta última cantidad fuese abonada por los vendedores.

Sin embargo, los propios técnicos de Urbanismo habían tasado la propiedad en un precio muy inferior, de 332.500 euros. Pero hubo otra valoración más, la encargada por Urbanismo a la empresa Tinsa, la misma que hizo la de los terrenos de Las Teresitas, que consideró que el Ayuntamiento debía abonar 706.000 euros. Por su parte, la Fiscalía encargó un informe pericial donde se fija que el valor del inmueble no supera los 475.000 euros.

En el expediente, los anteriores responsables de la Gerencia de Urbanismo defendieron que la diferencia entre las cantidades fijadas en cada una de las tasaciones con las que trabajaron entra dentro de lo razonable en este tipo de operaciones mercantiles. El Ayuntamiento compró este edificio para que albergase la Casa de la Juventud, aunque años después el inmueble permanece cerrado y en un estado de total abandono. Se trata de una casona de tres plantas de más de un siglo de antigüedad. El edificio está en la calle San Antonio, en la zona de El Toscal protegida con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). En el caso de Parejo está imputado por el caso Las Teresitas, el edificio La Ninfa y acusado por la construcción del mamotreto, al igual que Plasencia que también está imputado por el vertido de aguas negras en La Hondura