Instan a SCTF a ampliar su personal técnico
El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha sugerido al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que atienda la demanda de contar con más personal técnico especializado para la tramitación inicial de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Esta solicitud la ha realizado a raíz de la queja presentada por una ciudadana que no ha podido acogerse a esta medida debido a que no ha habido personal suficiente en esta entidad local para poder atender la solicitud de nuevas PCI, por lo que solicita también al alcalde que “valore la oportunidad de lograr la continuidad del personal para la tramitación inicial de la prestación en el área de servicios sociales del Ayuntamiento”.
El propio Ayuntamiento reconoce en un informe remitido al Diputado del Común, que “el servicio de atención e información al público se mantiene permanentemente en las oficinas, si es respecto a la PCI, cuando no está contratado el personal de las UTS (Unidades de Trabajo Social de Zona), realiza las renovaciones de aquellas prestaciones que se encuentran ya cobrando, pero no hay personal suficiente para poder asumir las solicitudes nuevas, por lo que se apunta a las personas que vayan a solicitar la PCI en una lista de espera para cuando entre el personal para gestionarlas llamarlos para poder realizar los trámites”.
Para el Diputado del Común existe una “clara cuestión controvertida, que es la existencia del personal suficiente y necesario para la atención, tramitación y gestión diaria de la Prestación Canaria de Inserción en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife durante todo el año”. Una cuestión especialmente sensible en este contexto de crisis, donde “la sociedad es cada vez más asidua demandante de los servicios sociales, y donde se evidencia una mayor dependencia prestacional”.
Y es que la carencia de esta atención técnica en el Ayuntamiento paralizará el resto del proceso para que los ciudadanos puedan tener acceso a PCI. Los trabajadores sociales municipales deben hacer un informe preceptivo, conforme a la Ley que regula estas prestaciones, para que las personas puedan conseguir esta ayuda.
El Diputado del Común sostiene inicialmente su posición recurriendo a la Constitución, que proclama en su artículo 9, la obligación de “los poderes públicos de promover las condiciones para la libertad y la igualdad de los individuos”, y el 40, en el que también insta a promover “las condiciones favorables para el progreso social y económico, y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa”.
