El anillo insular de Tenerife, un intento de trasladar al norte el ''modelo caduco'' del sur
La plataforma ciudadana contra la construcción del anillo insular de carreteras de Tenerife se concentró este sábado ante el edificio de Usos Múltiples del Gobierno de Canarias para exigir la paralización de unas obras que pretenden trasladar el modelo de desarrollo caduco del sur de Tenerife al norte de la isla, según denunciaron.
Una veintena de personas depositaron restos de pinos canarios arrancados por las palas mecánicas y piedras volcánicas de la lava del Chinyero para mostrar las afecciones medioambientales que está causando la construcción de una vía que consideran innecesaria, que cuenta como alternativa el acondicionamiento de las carreteras existentes y que causará un grave perjuicio social al norte de la isla.
Alejandra Pérez, presidenta de la plataforma icodense contra el anillo insular, subrayó que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya ha impedido en un auto que continúen las expropiaciones forzosas para esta infraestructura, pero el Gobierno de Canarias mantiene los trabajos acelerados y a gran escala en las partes públicas, con grandes afecciones medioambientales.
Reclamó que las autoridades paren las obras hasta que los tribunales se pronuncien de forma definitiva. “Que no pase que después de que han roto todo los tribunales nos dan la razón”, dijo.
“Con una pala es muy fácil arrancar un pino de cuajo, por mucho que pese y por mucho que mida”, por eso es preciso que la población se movilice y que la justicia haga su trabajo, reclamó Alejandra Pérez.
“Del norte nos queda poco y al paso que vamos tendremos un trozo de sur en el norte”, denunció, porque pretenden trasladar la industria pesada y “otras actividades que afean el turismo” a un área caracterizada por su tradición rural, manifestó.
Afirmó que el anillo insular será una vía rápida “que conllevará en sus márgenes muchas cosas añadidas”.
La plataforma reclama que se acometan alternativas, como el acondicionamiento de las dos carreteras existentes , porque “no es necesario arruinar todas las medianías de Icod para hacer una nueva carretera”.
Alejandra Pérez denunció que este proyecto se ha acometido en medio de un “sinfín de irregularidades y desastres ecológicos y sociales”.
Se destruyen 110 viviendas, hay 775 familias afectadas directamente por las expropiaciones y el resto de la población verá mermada su calidad de vida por el ruido, la inseguridad y la pérdida de valores vinculados a su entorno rural.
Afirmó que desaparecerán tradiciones ancestrales y que se fraccionarán de manera irreparable barrios y caminos, algunos de los cuales desaparecerán.
También habrá afecciones a zonas de interés geológico como la cueva del viento y la colada del Chinyero, descatalogada para construir la carretera, y se destruirá parte del acuífero.
Especies de flora y fauna protegidas, como el pino canario, el pinzón azul y la paloma turqués también se verán afectadas.
La desaparición de caminos, algunos de ellos antiguos caminos reales, de casas catalogadas como bien de interés cultural y de lagares serán otras consecuencias de las obras, dijo.
“Gran parte de la zona de explotación agrícola de Icod de los Vinos quedará herida de muerte” y las pequeñas y medianas empresas perderán competitividad frente a los grandes centros comerciales, aseguró.
Según la plataforma, el desarrollo económico del norte de Tenerife quedará mermado a favor de una apuesta por un sistema en crisis basado en el crecimiento desmesurado del sur y asociado a la construcción.
Es “una obra innecesaria, proyectada antes de la democracia, que incumple la normativa europea y la nacional y realizada con un proceso administrativo plagado de irregularidades, oscurantismo, sin participación ciudadana y con maltrato a las personas afectadas”, afirmó.
De no haberse ocultado la información a la población por parte del Gobierno de Canarias, esta obra “jamás se hubiera construido”, sentenció.
Acusó al Ejecutivo regional de haber presentado informes mal documentados para crear confusión en la ciudadanía, gran parte de la cual aprueba esta obra “por el desconocimiento del desastre medioambiental y social que acarrea”.
