La oposición lleva las ''irregularidades'' de Marco Aurelio Pérez a la Fiscalía
Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, NC, Compromiso y el PSOE, han entregado este martes a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias un dossier sobre posibles irregularidades cometidas por el alcalde, Marco Aurelio Pérez (PP), y su grupo de gobierno.
Según han informado los portavoces de estos grupos ante las puertas del Palacio de Justicia, en Las Palmas de Gran Canaria, la documentación presentada recoge las numerosas irregularidades que supuestamente ha cometido el grupo de gobierno, formado por el PP y la Agrupación de Vecinos, en la aprobación de la plantilla del personal y del presupuesto de la corporación de 2013.
La portavoz de NC, María del Pino Torres, y los de Compromiso y el PSOE, Soledad Pérez y David Delgado, respectivamente, han señalado que “lamentablemente” han tenido que dar este paso tras haber advertido sin éxito, en numerosas ocasiones, los graves hechos que entienden que han cometido al actuar de forma contraria a la legislación vigente y por los que, a su juicio, habrían incurrido al menos en un delito de prevaricación.
La oposición también ha puesto en conocimiento de estos hechos a la Audiencia de Cuentas de Canarias, al Tribunal de Cuentas, a la Consejería de Presidencia, Justicia y Función Pública del Gobierno canario, así como a la Delegación del Gobierno y al Ministerio de Administraciones Públicas, para que corrijan la situación creada en el Ayuntamiento por la reiterada actitud “caciquil” del alcalde.
Los portavoces de la oposición aseguran que el alcalde “intentó engañar a la oposición” al llevar al pleno una plantilla de personal que no se corresponde con la aprobada previamente por la comisión informativa, ni con la que se presentó en la Mesa de Negociación de los representantes de los trabajadores, pese a contar además con un informe contrario de la intervención municipal.
Entienden que el acto, “además de engañoso, es nulo de pleno derecho”, porque se aprobó el presupuesto previamente sin haberse publicado la plantilla de personal y sin haberse resuelto las alegaciones presentadas por los grupos políticos y sindicatos.
La oposición exige que se restablezca la legalidad de los procedimientos como corresponde a un estado de derecho, pues entienden que es preciso “acabar con las prácticas fraudulentas y caciquiles, y que se imponga la transparencia en los procedimientos administrativos”.
El alcalde y su grupo de gobierno, según la oposición, además han creado nuevas plazas en contradicción con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Añaden también que la motivación para su creación “obedece a criterios subjetivos y arbitrarios del grupo de gobierno y no a las necesidades del servicio, ya que sólo le falta añadir nombre y apellidos a dichas plazas”.
Así mismo, exponen que en el informe de la intervención general se recoge textualmente que “se está permitiendo un proceso de funcionarización encubierta de laborales indefinidos que entrarían en contradicción con la legalidad vigente”.
La oposición ha manifestado que había advertido al alcalde que rectificara y subsanara las irregularidades, pero sacó la oferta pública de empleo, así como la publicación de la convocatoria de una bolsa de trabajo sin haber aprobado la plantilla de personal, lo que también han impugnado.
Además, se aprobó definitivamente el pasado 11 de octubre la plantilla de personal, sin informe jurídico ni informe de la intervención general municipal y por la vía de urgencia, amparándose en un informe “cocinado” y sin “validez”, que fue ocultado a la oposición hasta la celebración del pleno“, donde tampoco se procedió a su lectura, pese a que la oposición lo exigió, según los portavoces.
