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El juez no ve vejación en el escrache a Claudio Rivero

Iván Suárez / Iván Suárez

No hubo falta de vejaciones en el escrache realizado el pasado 14 de diciembre a Claudio Alberto Rivero, ahora coordinador de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y entonces director de gobierno. Así lo ha sentenciado el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital, que ha decretado la libre absolución del presidente del Comité de Empresa, José Manuel Rodríguez, único acusado en el juicio por faltas incoado tras la denuncia interpuesta por el alto cargo municipal a raíz de la acción de protesta que protagonizaron fuera del horario laboral cerca de veinte empleados locales, la mayoría policías.

Los hechos denunciados ocurrieron alrededor de las 19.30 horas del 14 de diciembre en la plaza Farray y se enmarcan en un escenario de máxima tensión laboral, en medio de la negociación del proyecto de reglamento de la Policía Local y después de que el grupo de gobierno anunciara un recorte presupuestario de 4,3 millones de euros en el capítulo de personal que acarreaba la eliminación de complementos salariales de los trabajadores.

En el momento de producirse el escrache, Claudio Rivero se encontraba en una terraza en compañía de, entre otros, Jaime del Busto, gerente del Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEF), y Miguel Quintanilla, director general de Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones del Consistorio, que grabó dos vídeos de la acción.

Según los hechos probados, cerca de veinte personas rodearon ese día la mesa donde estaban Rivero y sus acompañantes y comenzaron a lanzar petardos y a gritar consignas como “Manos arriba, esto es un atraco, ladrones e imputados” en medio del ruido de pitos y bocinas. El coordinador de Presidencia del Ayuntamiento expone en su denuncia que los “fornidos compañeros” tenían un aspecto “claramente amenazador” y que cubrían sus rostros con cascos de moto, gorras y gafas de sol para ocultarse.

El grupo de trabajadores municipales se retiró antes de la llegada de efectivos de la Policía Nacional y de la Local, pero volvió minutos después para continuar con la protesta. Fue en ese momento, según la versión del alto cargo municipal, cuando “varios de los provocadores comenzaron a propinar patadas en las partes posteriores de las sillas”.

El presidente del Comité de Empresa, para quien Rivero solicitaba una multa de quince días con una cuota diaria de 15 euros, negó en el juicio haber golpeado las sillas y aseguró que los petardos se lanzaron al centro de la plaza y no al lugar donde se encontraba el denunciante. También dijo que acudió al escrache a cara descubierta -“Por eso estoy en el juicio”- y reconoció que se hubiera sentido “incómodo” en una situación análoga y que, en algún momento, se dirigió a sus compañeros para intentar apaciguar los ánimos.

Para el magistrado Javier García García-Sotoca, el incidente del 14 de diciembre fue “de alta presión, lindando con agresividad y actitud violenta”. Sin embargo, recuerda que el denunciante es un alto cargo del Ayuntamiento y que en el momento de producirse los hechos mantenía un contencioso con los trabajadores por cuestiones laborales. “El nivel de crítica admisible es muy superior al que tuviera que soportar un particular. De otro modo, lo que para otros ciudadanos sin responsabilidades públicas hubiera podido constituir un cuadro de humillación, es al menos dudoso que lo sea para un cargo público”, concluye el juez, que apela al derecho fundamental a la libertad de expresión.

José Manuel Rodríguez, presidente del Comité de Empresa y coordinador de Intersindical Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha mostrado su satisfacción por esta resolución judicial. “Ni denuncias de este tipo ni expedientes disciplinarios en los que se me prejuzga como líder y principal protagonista van a intimidarme en mis funciones de defender los derechos de los trabajadores del Ayuntamiento”, ha zanjado.

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