La jueza de 'Unión', trasladada al País Vasco

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concedido a la juez instructora del caso Unión, Lucía Barrancos, el traslado a un Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de la localidad vizcaína de Durango. La juez se encargaba exclusivamente del caso Unión, que cambiará de nuevo de juez instructor.

El traslado se hará efectivo dentro de tres meses. Fuentes del CGPJ señalan que aún se desconoce quién ocupará la plaza en el Juzgado de primera instancia número 5 de Arrecife, que tramita el caso y que tiene asignado un juez de apoyo para que resuelva el resto de procedimientos de dicho Juzgado. Ese juez de apoyo es Juan José Cobo Plana, titular del Juzgado de primera instancia número 4 de Arrecife, que según el CGPJ, seguirá ejerciendo esas labores de apoyo.

Barrancos accedió a la instrucción del caso Unión en mayo del año pasado sustituyendo al juez Albano Padrón, quien apenas avanzó en la instrucción, que a su vez había sustituido a César Romero Pamparacuatro, con quien se inició el caso y que se trasladó a La Laguna aunque mantuvo el caso con una comisión de servicios hasta finales de 2010.

El caso Unión se inició en el año 2008 y las primeras detenciones se produjeron en mayo de 2009. En la causa, que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se detuvo a 56 personas, entre mayo de 2009 y septiembre de 2010 y tiene cerca de cien imputados por muy diversos delitos, relacionados con la Administración pública.

Pamparacuatro se trasladó a La Laguna en septiembre de 2100 pero se le concedió una comisión de servicios para continuar con el caso durante tres meses. Cuando finalizó ese plazo se le concedió una prórroga en febrero aunque sin aclara os gastos de las dietas y se dejó sin efecto en abril a pesar de que había seis informes favorables. Ese mes se destinó a Juzgado a Lucía Barrancos, que acababa de salir de la Escuela Judicial, por lo que ha sido su primer destino.

Barrancos, en un auto de octubre de 2001, reconocía quela causa estaba paralizada desde finales de 2010 y hablaba del excesivo volumen del caso, que acumula unos 30.000 folios. El CGPJ le había concedido un juez de apoyo pero el Ministerio denegó el gasto, aunque finalmente lo aprobó y Cono Plana se incorporó como juez de apoyo ese mismo mes de octubre. Barrancos también se quejaba del escaso apoyo por pare de la Consejería respecto a medios materiales par avanzar en el caso.

Durante su instrucción, Barrancos ha separado varias piezas menores dentro del caso y ha avanzado en la instrucción de la que originó la investigación, el intento de soborno de Luis Lleó y Fernando Becerra a Carlos Espino que está en su última fase de instrucción. En uno de sus autos señalaba que “fragmentar el proceso favorece el enjuiciamiento, simultáneo o sucesivo, de diferentes hechos acelerando la tramitación de la causa”. El caso, cuya mayor parte continúa en secreto de sumario, quedará en manos de otro juez

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