Más de diez licencias de TDT han caducado
El mapa audiovisual de Canarias, surgido tras el polémico y varias veces recurrido concurso de adjudicaciones de canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT), podría sufrir un nuevo varapalo legal debido a que varios concesionarios no han comenzado sus emisiones tres años después del mismo y con la ejecución de la Ley sobre la Comunicación Audiovisual de abril de 2010.
Esta norma de carácter nacional establece que tras seis meses de su entrada en vigor, fecha que se correspondería con el pasado 1 de noviembre, quedarían “automáticamente extinguidas” las concesiones para la gestión de los canales locales “que no hubieran iniciado sus emisiones dentro del plazo establecido”.
Esta circunstancia afectaría de igual manera a los canales atribuidos tanto a las administraciones públicas como a las empresas privadas que llevó a cabo la Viceconsejería de Comunicación del Gobierno regional el 16 de octubre de 2007, que a tenor de la ley estatal tiene un plazo máximo de tres meses, que finaliza el 31 de enero, para convocar un nuevo concurso con todos los canales que no habían comenzado a emitir el pasado 1 de noviembre.
Si el Gobierno autonómico, inmerso en estos momentos en el polémico concurso de adjudicación de las licencias radiofónicas, no convocando el nuevo concurso después del plazo máximo de tres meses, cualquier particular estaría legitimado para exigir el inicio del procedimiento.
Según ha podido saber ACN Press, son más de una decena el número de concesionarios, públicos y privados, que no han comenzado a emitir dentro del plazo legal, entre los que se encuentran los dos canales insulares asignados a los cabildos de Tenerife, La Palma y La Gomera, el canal Localia en Gran Canaria o los concedidos a los ayuntamientos de la capital tinerfeña, La Orotava y varios de La Palma y el norte de La Gomera.
A esta obligación legal de un proceso que fue polémico desde su inicio se une el hecho de que sobre el concurso de adjudicación de las TDT en el Archipiélago realizado por el Gobierno de Canarias pesan varias sentencias contrarias que especifican la arbitrariedad de algunas decisiones y su falta de objetividad.
