La llama de los incendios de 2007 sigue prendida
Como cada verano vuelve el temor a que los montes canarios no resistan el envite de las altas temperaturas y los pirómanos de turno; y como siempre con la consiguiente expectación ante las medidas preventivas que se estén tomando por parte del Gobierno regional y estatal para anticiparse y hacer frente a esta lacra que cada año calcina miles de hectáreas.
Este año aún no se han disparado las alarmas. Ha habido algunos conatos de incendio que han sido controlados a tiempo, evitando los sustos a los que los canarios estamos por desgracia acostumbrados en estas fechas.
Por otra parte, sigue el mal cuerpo de muchos tras los reveses ocasionados por los incendios del año 2007. El juicio contra el autor confeso de los mismos sigue sin celebrarse, mientras los conflictos judiciales y administrativos con los afectados aumentan cada día.
Mucho se habla últimamente de la situación de las víctimas de dicho incendio, y de la plataforma Más Nunca, que agrupa a una parte importante de los vecinos afectados, y representa los intereses de los mismos en su batalla con la Administración por las recientes órdenes de devolución de las subvenciones recibidas.
Recordemos que allá por el año 2007 el Gobierno de la Comunidad Autónoma, así como el Gobierno del Estado aprobaron el Decreto Ley 326/2007 en el que se establecían una serie de requisitos para acogerse a las ayudas extraordinarias destinadas a subsanar los daños y pérdidas sufridos por los damnificados. A raíz de este decreto, se concedieron 1.154 expedientes en las cuatro islas afectadas (Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera), que se traducen en más de 6 millones de euros financiados por los presupuestos del Gobierno de Canarias.
Pedro Tomás Pino, Director General de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Canarias, ha explicado a CANARIAS AHORA que las ayudas estaban destinadas específicamente a un fin concreto, no eran a fondo perdido. El problema viene porque “no toda la ayuda se ejecutó específicamente para aquellas actuaciones que fueron previstas”. Muchos vecinos las destinaron para otros fines que no habían sido recogidos en la declaración de daños, por lo que en la investigación pericial se detectaron algunas irregularidades en el uso de dichos fondos, dando lugar a las posteriores órdenes de devolución del dinero que no se destinó exactamente a lo estipulado.
Por otra parte, el abogado de la asociación Más Nunca, Víctor Martínez, mantiene que “el 90% de las ayudas fueron empleadas para lo que estaban destinadas. La mayoría sí lo repusieron, pero algunos en vez de cinco aguacateros pusieron cinco naranjeros”. Otro de los fallos a los que alude el abogado de la asociación es el referente a la exigencia por parte de la Administración de la presentación de facturas justificativas del gasto, ya que “muchos presentan copias de facturas y les han dicho que no, que sólo sirven los originales o copias compulsadas”, pero que las tienen ellos en el juzgado. En opinión de Víctor Martínez, “no se puede ser tan legalista, sino que habría que tener un criterio más amplio”, ya que muchas de estas personas se encuentran en una situación desesperada, no sólo lo perdieron todo o mucho en el incendio, sino que ahora además deben devolver parcialmente la ayuda con los intereses de demora correspondientes.
Pero como afirma el director general de Agricultura, “hay que ceñirse a la legalidad por mucho que nos duela”, ya que, “a pesar de circunstancias penosas que pueden ocurrir, no podemos despilfarrar el dinero de todos los canarios”. Y por mucho que quisiéramos que fuera de otro modo “las leyes tributarias consideran que hay intereses de demora porque ese dinero podía haber sido aplicado para otras cuestiones”, como educación o sanidad.
El caso, en resumidas cuentas, obedece al conflicto intrínseco del funcionamiento burocrático de los Estados que viene ocurriendo desde los tiempos de la Revolución Francesa, que establece el principio de racionalidad y centralización administrativa con el objetivo de alcanzar mayor autonomía frente a la aristocracia feudal: “La interpretación de la ley no puede ser subjetiva”, declaró Pedro Tomás Pino.
Como afirmó la pasada semana el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, lo más adecuado es “hablar sobre casos concretos y no generalidades”.
