Las medidas urgentes del Gobierno ya están listas para su aprobación
El proyecto de ley de Medidas Urgentes quedó este lunes listo para su aprobación en el pleno del Parlamento de Canarias de la próxima semana, después de que CC y PP rechazaran en la comisión de política territorial todas las enmiendas presentadas por el PSOE.
Las medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo pretende, entre otras cuestiones, mejorar la calidad de los servicios turísticos y evitar más sentencias contra la Comunidad Autónoma por la suspensión indefinida de nuevas edificaciones hoteleras como consecuencia de la aplicación de Ley de Directrices, según dijo el representante de Coalición Canaria José Miguel González.
Sin embargo, el diputado socialista Manuel Fajardo señaló que la actividad turística requiere una reforma global, no medidas improvisadas como las contenidas en este proyecto de ley y que implican la clasificación de nuevo suelo turístico, algo que prohibían las Directrices.
El proyecto de ley autoriza la clasificación de nuevo suelo turístico en determinadas condiciones y siempre que se desclasifique simultáneamente suelo ya previsto para esta actividad, subrayó José Miguel González, así que no habrá “ni un metro cuadrado más” de suelo turístico, aunque sí puede cambiar su localización, admitió.
José Miguel González señaló que ha habido sentencias contra la Comunidad Autónoma por el “lucro cesante” causado por promociones turísticas paralizadas por la Ley de Directrices, de manera que esta nueva legislación pretende dar alternativas a los que tienen los derechos edificatorios para evitar que los tribunales impongan indemnizaciones a la Administración.
Sin embargo, Fajardo hizo hincapié en que gran parte de la sociedad percibe el proyecto de ley de Medidas Urgentes como un intento de “ladear” la Ley de Directrices, en asuntos como los nuevos criterios para autorizar hoteles de cinco estrellas de gran lujo.
El mismo proyecto de ley se remite a un reglamento posterior del Gobierno de Canarias para la definición de un hotel como de “gran lujo”, lo que supone una gran inseguridad jurídica que impedirá cualquier inversión.
“No es de recibo que en plena crisis se hagan esta clase de experimentos”, dijo Manuel Fajardo, quien reivindicó para los cabildos insulares y los ayuntamientos “las potestades que se atribuyen al Gobierno de Canarias” en numerosos aspectos del proyecto de ley, porque “ellos saben las necesidades de cada isla”.
Enmiendas socialistas
Por su parte, José Miguel González reprochó a los socialistas que no hayan aceptado negociar este proyecto de ley y su poca voluntad de consenso.
Las enmiendas socialistas también pretendían suprimir preceptos como la autorización de hasta tres nuevas plazas turísticas por cada plaza obsoleta suprimida, ya que eso debería quedar supeditado a los planes de ordenación turística insulares.
Manuel Fajardo denunció también que el proyecto de Medidas Urgentes favorece la construcción en suelo rústico de edificaciones ajenas, de tipo de ocio y residenciales, o la ubicación de equipamiento sanitario o educativo e incluso industriales.
José Miguel González matizó que lo que se permiten son instalaciones relacionadas con actividades complementarias a las explotaciones agrarias o para los procesos de transformación de los productos, no de tipo turístico, algo que es una demanda del propio sector.
Respecto al suelo industrial, Fajardo criticó la posibilidad de que el Gobierno de Canarias pueda determinar la ubicación de industrias en suelo rústico cuando sean declaradas de interés estratégico, cuando en las islas existe suelo industrial vacante.
El diputado socialista también criticó la asunción de numerosas competencias en planificación territorial por parte del Gobierno de Canarias en detrimento de cabildos y ayuntamientos.
Sin embargo, José Miguel González negó que el Gobierno regional asuma nuevas competencias territoriales, sino que se reserva el derecho a actuar cuando las administraciones insulares y locales demuestran “inacción”.
“Si el órgano competente no actúa, la Comunidad Autónoma no puede quedarse de brazos cruzados”, dijo el representante de CC.
