El juez mercantil deja sin atribuciones al consejo de Inalsa
El juez de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, responsable de la administración del concurso de la empresa pública insular Aguas de Lanzarote SA (Inalsa), ha decidido suspender las atribuciones y facultades del consejo de administración de la empresa dependiente del Cabildo de Lanzarote, ante la inestabilidad política generada en la Corporación insular con la presentación de la moción de censura de CC, PIL, PNL y PP contra la presidenta Manuela Armas (PSOE).
El magistrado dictó el pasado 2 de octubre la suspensión de las atribuciones del consejo de administración de la entidad dependiente del Cabildo de Lanzarote, por medio de la modificación del régimen de intervención por el de suspensión de facultades de administración y disposición del patrimonio de la concursada.
La medida, que deja sin atribuciones al consejo de administración de Inalsa, mantenidas inicialmente en el inicio del concurso de acreedores al que se ha acogido, responde a la propuesta de los interventores judiciales, quienes se dirigieron al juez el pasado 1 de octubre, alarmados por la inestabilidad política reinante en la Corporación insular.
En su escrito, los administradores concursales indican su cambio de parecer sobre la solicitud cursada el 2 de julio de 2009, en la que se informa de la conveniencia de que “el deudor conservara las facultades de administración y disposición de su patrimonio”.
En el nuevo informe, argumentan la oportunidad de modificar el régimen de intervención “ante la situación de inestabilidad política que afecta a las instituciones de la isla y en concreto, a las informaciones publicadas sobre la inminente moción de censura en el Cabildo de Lanzarote”, según informó la noche de este lunes la propia Corporación.
“Los cambios de color político en el Cabildo insular no sólo han supuesto la sustitución en la presidencia del Consejo de Administración del Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote y de Inalsa, cargo reservado al presidente del Cabildo, sino también a importantes, y así los antecentes lo acreditan, cambios en la dirección de la empresa”, señalan.
A juicio de los administraciones, respaldado por la decisión del juez responsable, “ello podría dificultar la línea de actuación que esta Administración Concursal ha venido exigiendo en la administración de la concursada”.
