Dos millones por blindar a la Refinería
El abogado Vicente Laso Baeza, del bufete Laso & Asociados, lleva años reclamando más de dos millones de euros a la Refinería por haber obtenido a finales de 2008 una sentencia favorable que reconoció que el suelo que ocupa la industria en Santa Cruz de Tenerife tenía una mayor calificación urbanística que la recogida en el Plan General.
El letrado indicó que sus honorarios estaban justificados desde el momento en que había conseguido que a través de este cambio de categoría la multinacional viera como el suelo sumaba un valor de 1.800 millones de euros y se libraba de pagar otros 42 millones por la descontaminación de los terrenos y su traslado.
La relación entre el abogado y Cepsa comenzó en el año 2002 y a partir de aquí llevó algunos asuntos que en este último caso se cerró con un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el que se reconocía que el suelo de la Refinería tenía la categoría de urbano consolidado. Lo cierto es que en 2012 una sentencia, ya firme del Tribunal Supremo (TS) vendría a decir todo lo contrario y daría la razón al Ayuntamiento de Santa Cruz.
La Refinería sólo aceptó en su momento abonarle al letrado 100.000 euros aunque luego los tribunales fijaron la cantidad definitiva en 417.000. Vicente Laso participó en las reuniones que se llevaron a cabo para presentar alegaciones al Plan General de Santa Cruz que en la versión que circulaba por aquellos días daba un plazo temporal de 15 años para que la Refinería abandonara la ciudad. Cepsa recurrió a la Justicia con un doble propósito: por un lado que se blindara a la industria frente a su posible traslado y por otro para que se reconociera que el suelo tenía mayor valor.
Su éxito se limitó al segundo de los extremos. El letrado fijó sus honorarios en base al coste que según la dirección de la Refinería tenía el suelo tras la sentencia que sumaba 1.800 millones y el de la descontaminación y traslado que alcanzaba otros 42 millones.
La Audiencia Provincial de Madrid ya reconoció en su momento que el abogado tenía derecho a cobrar 417.000 euros al acreditarse que efectivamente dirigió el equipo de juristas que plantó cara al PGO de Santa Cruz. Aunque se considera que el fallo logrado supuso un éxito, también se apunta que en realidad no garantizó la continuación de la industria y de hecho uno posterior y firme lo anularía en parte. “La conclusión es que se pudo parar un golpe, y aun de forma limitada, porque en el futuro las exigencias medioambientales pueden comprometer el futuro de la Refinería.
En esas condiciones, la fijación de la cuantía según el coste de desmantelamiento no parece adecuado, pues la sentencia obtenida con la valiosísima colaboración del abogado no soluciona el problema principal: la subsistencia de la Refinería en su actual ubicación“-dice ahora el Supremo. El Tribunal acaba así de poner punto final a la discusión al ratificar que el letrado sólo tiene derecho a cobrar un 20% de lo solicitado, -los 417.000 euros- y se exime a la Refinería de pagarle los intereses de demora.
Sancho Martínez-Pardo es abogado de Cepsa
Alberto Sancho y Martínez-Pardo es abogado de la Compañía Española de Petróleos, S.A.U. (Cepsa) desde 1995 y lo continua siendo en la actualidad, sin que haya sido el profesional que reclamaba a esa compañía las cantidades referidas en concepto de honorarios, como por error se publicó en esta noticia.
En una nota de rectificación remitida a este periódico, Alberto Sancho aclara que desde 1995 lleva prestando servicios profesionales a Cepsa “incluido el pleito que se menciona, y la retribución de los mismos ha sido de entera satisfacción para ambas partes, por lo que este letrado no ha tenido necesidad alguna de reclamar judicialmente cantidad alguna por honorarios profesionales no satisfachos”.
Por un error en la transcripción de la sentencia del Supremo objeto de esta noticia, este periódico equivocó el nombre del abogado, por lo que pedimos disculpas al afectado y a nuestros lectores.
