283 millones de euros menos para la Dependencia
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en su valoración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012, detecta un recorte del 100% de una partida de 283 millones de euros relacionada con la Ley de Dependencia.
“Según la información preliminar de los Presupuestos Generales del Estado, facilitada tras el Consejo de Ministros, se suprimirá el 100% de la partida dedicada a la financiación del nivel acordado establecido en el art. 10 de la Ley 39/2006”, expone la asociación en un comunicado: “Se trata de 283 millones de euros que se distribuían entre las Comunidades Autónomas con criterios consensuados de reparto y que tenían por objeto fundamental financiar infraestructuras, servicios y sistemas para la atención a las personas dependientes en el ámbito autonómico”.
Fuentes ministeriales “han matizado que esta aportación se incorpora al Nivel Mínimo garantizado de financiación”. No obstante, dicha declaración “es un malabarismo contable, ya que el Nivel Mínimo se compone con créditos ampliables en función de los dependientes reconocidos en cada territorio, por lo que el resultado final ineludible es la reducción neta de 283 millones para la atención a la dependencia (equivalente al 15% de la aportación estatal a esta política de gasto si descontamos las aportaciones a la Seguridad Social)”.
A la espera de conocer el detalle de los PGE, los directores y gerentes en servicios sociales pronostican que este recorte tendrá tres efectos concatenados: un incremento directo del déficit autonómico en 283 millones de euros; una mayor dificultad para que las autonomías atiendan a las 300.000 personas con derechos reconocidos y que se encuentran en el llamado “limbo de la dependencia”; y “prácticamente se imposibilitará la atención a nuevos casos con derecho reconocido que se produzcan en adelante, consagrando así el grave retroceso del sistema”.
“Siempre hemos calificado como deficiente el sistema de financiación de la atención a la dependencia, pero este drástico recorte -sin otras medidas acompañantes- supone una gravísima contradicción con la idea de recortar el gasto público denominado improductivo”.
Puestos de trabajo
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales entiende que este recorte supone además dejar de crear 8.000 puestos de trabajo en el sector de los cuidados y una reducción de ingresos por retornos al Estado de unos 113 millones de euros.
“Reformar es imprescindible”, concluyen, pero recortar “incrementando directamente” el déficit autonómico y “poniendo en peligro la atención a 35.000 personas” les parece “muy, pero que muy mal negocio”.
