Dos millones de metros de litoral son incorporados al dominio público
El Gobierno aprobó este viernes la incorporación de casi 2 millones de metros cuadrados de litoral español al dominio público marítimo-terrestre, en el marco de un programa que pretende incluir alrededor de 20 millones de metros cuadrados de fincas, informó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de este viernes la utilidad pública de la adquisición de una superficie de 1.960.530 metros cuadrados en diversas zonas del litoral español, para su incorporación al Dominio Público Marítimo-Terrestre.
Las fincas están ubicadas en las provincias de Almería, Alicante, Valencia, A Coruña, Guipúzcoa, Málaga y Las Palmas.
En esta última, en Lanzarote se declara de utilidad pública la adquisición de los terrenos correspondientes a la Isleta de la Santa y a las salinas del mismo nombre, en Tinajo. El terreno a expropiar es de 1.142.610 metros cuadrados.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Medio Ambiente explicó que, entre los terrenos que se están adquiriendo y los que están en trámite de expropiación, “nos acercamos ya a 9 millones de metros cuadrados de fincas adquiridas en el litoral”.
Narbona explicó que este Programa de Adquisición de Fincas en el Litoral del Ministerio de Medio Ambiente “complementa otras actuaciones de Medio Ambiente para la plena recuperación de nuestro dominio publico”.
Añadió que, “desde que empezó la legislatura se han demolido más de 100 edificaciones en dominio público marítimo-terrestre, y además se ha avanzado en la delimitación de ese dominio público”.
Según la ministra, la inversión se refiere a la compra, a la demolición (cuando en las fincas existen edificios sin utilidad respecto a los nuevos objetivos), restauración de los terrenos y adecuación al uso público.
“Queremos -dijo- cooperar con las administraciones autonómicas y locales, que tienen gran capacidad por sus competencias para preservar el dominio público en el litoral”.
Recordó que las comunidades autónomas “son las que ejercen la tutela de los primeros cien metros desde el nivel que alcanza el mar o playa o dominio público, y más allá de esa protección dictada por ley, hay comunidades autónomas que ya han establecido que no se construya en los primeros 500 metros desde la línea de playa”.
Se trata de Cataluña, Galicia y Asturias, una dirección que, según la ministra, es precisamente la que “todas las administraciones deberían seguir, para preservar mucho mejor el litoral del avance del desarrollo urbanístico, en muchos casos absolutamente insostenible”.
Para el cumplimiento de este objetivo, no se requiere modificación de la Ley de Costas, explicó Narbona, quien añadió que es difícil poner un calendario respecto a las fincas que serán adquiridas, porque en la medida de lo posible se intenta llegar a acuerdos con los propietarios.
Se pretende incorporar al dominio público cada una de las fincas a las que afectan los acuerdos que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros, de acuerdo con el artículo 4.8 de la Ley de Costas de 1988, de forma que quede garantizada la protección de las mismas.
Este proceso permitirá dotar de un uso público a estos terrenos y liberar la servidumbre de tránsito y de protección, garantizando la conservación de zonas con importantes valores históricos, paisajísticos y medioambientales.
