Mogán aprueba una modificación presupuestaria por más de 3 millones saltándose un informe del interventor

Nueva Canarias en Mogán (Gran Canaria) ha anunciado que presentará alegaciones contra un expediente aprobado este jueves por el Ayuntamiento en el que se acepta una modificación presupuestaria por más de tres millones de euros en el contrato con la mercantil Caseur en concepto de “revisión de precios”. Según indica NC, dicho expediente cuenta con un informe en contra del interventor municipal, que ha considerado que la modificación presupuestaria es “lesiva para los intereses municipales y beneficiosa para la empresa prestataria del servicio”.

La entidad Caseur ha sido la prestataria del servio de recogida de residuos sólidos del municipio desde el 26 de mayo de 1992 hasta el 31 de agosto de 2020, “siendo objeto de varios secuestros por las graves deficiencias detectadas en la prestación del servicio que iban desde el impago de nóminas hasta la ausencia de revisión de los camiones que transportaban la basura hasta el vertedero de Juan Grande”, señala NC. 

Dicho contrato “ha sufrido modificaciones derivadas de la ampliación del ámbito de prestación del servicio, lo que ha afectado, de forma clara, a los costes no previstos a los que ha tenido que hacer frente la empresa. De este modo se han aprobado varias revisiones de precios, siendo la última la correspondiente al  período 2009-2013”.  

Según NC, es en este momento de tramitación del expediente, cuando el interventor saliente, Francisco de  Haro, emitió un informe en junio de 2016, en cuyo punto segundo manifestaba, de forma clara, que los criterios que se vienen aplicando a las revisiones de precios desde el año 1993, son lesivos para los intereses municipales, y claramente beneficiosos para el empresa, concluyendo que es imprescindible apartarse de los criterios seguidos en la anterior revisión realizada en el 2009 y adoptar nuevos criterios, siendo el cambio debidamente motivado, tal y como establece el art. 54 de la Ley 30/1992, hoy el art. 35 de  la Ley 39/2015 de 1 de octubre.  

“Ante este demoledor informe, el actual secretario accidental de la Corporación, Salvador Álvarez León, emitió un informe el 17 de mayo de 2021, cinco años después del emitido por el interventor, en el  que resta importancia a la afirmación del interventor relativa a lo perjudicial que ha sido para el Ayuntamiento el sistema de revisión de precios pactado con la empresa y aplicado hasta el año 2009. En el informe se hace oídos sordos a esta cuestión, y se apuesta por mantener esos mismos criterios sobre los que el interventor manifiesta que sólo benefician a la empresa”, indica NC.

El informante, añade el partido, “antepone un acuerdo perjudicial a los intereses públicos a un acuerdo utilizando para ello la teoría de los actos propios de la administración, dando la espalda a la posibilidad real de introducir cambios en dicho acuerdo, utilizando la vía que describe el interventor al amparo de lo establecido en el art. 54 de la Ley 30/1992 (ya derogada), hoy el art. 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre (en vigor desde 2016), vía que posibilita adoptar nuevos criterios siempre que estos se hagan de forma debidamente motivados, e impedir el daño a los intereses  municipales”. 

Así las cosas, y ante una nueva revisión de precios, que va desde el año 2014 hasta el año 2020, el Ayuntamiento de Mogán ha mantenido los mismos criterios de revisión de precios que viene aplicando desde el año 1993, “ignorando las advertencias del interventor municipal al respecto, y cuantificando dicha revisión de precios en los mas de tres millones aprobados por el pleno celebrado en Mogán” de este jueves. 

El expediente aprobado en el pleno por el grupo de gobierno de Onalia Bueno carece de un informe que explique de dónde salen estos tres millones de euros, y que detalle a qué conceptos responde cada gasto, añade Nueva Canarias. 

En este sentido, el partido solicitará que se aclare por el actual interventor municipal si corresponde realizar una revisión de precios relativa a los periodos en los que el servicio estuvo secuestrado por el Ayuntamiento de Mogán, que fue quien asumió todos los gastos y no la empresa. 

Para NC, carece de sentido que se abone a la entidad Caseur cantidad alguna en estos conceptos, cuando fue el Ayuntamiento y no esta quien prestó el servicio y asumió todos los costes derivados de su gestión. “Es como si se le pagase a alguien por un trabajo que ha hecho otro en su lugar”, explicó la edil Isabel  Santiago (NC). 

NC ha anunciado que presentará alegaciones contra esta modificación presupuestaria “por no estar debidamente justificada, por apartarse del criterio del interventor municipal y porque, de aprobarse, se podría estar incurriendo en la comisión de un presunto delito de prevaricación y malversación”. 

Isabel Santiago expresó que espera que “se imponga la cordura y la defensa del interés general”, así como que Onalia Bueno y su grupo de gobierno “rectifiquen y opten por apostar por lo público frente a la posible defensa de los intereses empresariales”.