La oposición no logra frenar la ‘ley Berriel’ de armonización del territorio
El Gobierno de Canarias sigue adelante con la Ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales al no prosperar las dos enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición (Popular y Mixto) y pese a que la misma tiene “un tufo intervencionista y centralista” y visos de “inconstitucionalidad”.
Un texto que modifica 27 leyes vigentes y que, como han recordado tanto el conservador Miguel Jorge Blanco como el líder de NC, Román Rodríguez, carece del apoyo del Consejo Consultivo, cabildos, ayuntamientos, empresarios y profesionales.
Además, para el PP, el texto puede ser inconstitucional pues es un paso más en la centralización de competencias que hasta ahora eran de las corporaciones insulares.
Planteamientos a los que el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, ha hecho caso omiso cuando ha defendido que la nueva ley pretende “eliminar rigideces actuales que dificultan la aplicación de la legislación y, a la vez, clarificar las competencias en el planeamiento insular”.
Enmiendas importantes
No obstante, el portavoz socialista ha anunciado que “presentaremos enmiendas importantes” durante la tramitación de la Ley en la ponencia y en la comisión parlamentaria correspondiente, ya que el propio Consejo Consultivo ha emitido un informe desfavorable.
Berriel negó que no se haya tenido en cuenta a los cabildos y ayuntamientos en el proceso de elaboración del texto y el nacionalista José Miguel González ha insistido en que la capacidad legislativa es del Parlamento, mientras que el resto de organismos e instituciones solo sirven para orientar o aconsejar, pues no son vinculantes.
Por su parte, el líder de NC incidió en que “todas las normas de actuación sobre el territorio salieron por consenso de este Parlamento hasta el año 2009”, cuando se aprobó la Ley de Medidas Urgentes, una tónica que se ha mantenido hasta la actualidad.
Según Rodríguez, este proyecto de ley solo es apoyado por el Gobierno, pues ha sido criticado “duramente” por los cabildos, los ayuntamientos y los colegios profesionales y, además, cuenta con un informe “demoledor” del Consejo Consultivo de Canarias.
El portavoz de NC ha subrayado que este proyecto de ley tampoco cumple con sus objetivos, que es lo más importante, ya que “ni simplifica ni armoniza” la legislación, sino que “la lía más”.
Por último, ha incidido en “la perla” que significa disposición final, pues en su opinión “que permite calificar suelo rústico como turístico, pese al discurso del presidente de ni un metro más para suelo turístico”.
