La oposición en Mogán impugna el tribunal calificador de las oposiciones de la Policía Local

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Mogán han presentado un escrito en el que impugnan el decreto 2264/2018 por que se designan a los miembros del tribunal calificador del proceso selectivo para ocupar cuatro plazas vacantes de policía local.

Nueva Canarias y PP recuerdan que cuatro de los miembros del tribunal, el presidente y tres vocales, “podrían tener una clara relación clientelar con el gobierno que preside Onalia Bueno, pues desde que esta ocupó el sillón de la alcaldía han sido beneficiados de una un otra manera”.

Ambos partidos expresan que el presidente del Tribunal, Salvador Álvarez León, actual interventor municipal, se ha beneficiado de un incremento de su complemento específico en 27.736,14 euros y que la alcaldesa se refirió a él como un simpatizante de su partido (Ciuca).

Así mismo, señalan que el agente Marcos Dominguez, vocal del tribunal, ha sido ascendido a oficial en dos ocasiones, y su esposa ocupa el segundo puesto en una lista de reserva para trabajar como conserje en el Ayuntamiento.

NC y PP subrayan que ambos han sido nombrados en las grabaciones sobre la supuesta trama para la compra de votos a favor del partido de la alcaldesa en las pasadas elecciones locales de mayo de 2015.

Por su parte, los otros dos vocales, Juan Francisco González y Ángel León, “han visto mejorada la situación laboral de familiares, y mejorado su situación económica respectivamente”. Sobre el segundo, la sección sindical de UGT ha denunciado ante el consistorio que podría estar siendo remunerado doblemente por los mismos conceptos.

Los portavoces de la oposición, Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP) sostienen que con la participación de estos funcionarios en el proceso selectivo se vulnera el principio constitucional de la objetividad, recogido en el art. 103.1 de ésta, con la que deben actuar la Administración pública y sus empleados.

Para ambos concejales, tanto el presidente como los cuatro vocales del tribunal calificador deberían haberse abstenido de participar en el proceso selectivo, por tener un interés en el asunto, por lo que instan la recusación de los funcionarios, y la suspensión del procedimiento selectivo hasta que esta se resuelva.

El incumplimiento del deber de abstención, supone a su vez que los miembros del tribunal han cometido dos faltas disciplinarias, tipificadas como grave y muy grave en el artículo 7 letra g) del Reglamento Régimen Disciplinario aprobado por el Real Decreto 33/1986 de 10 de enero, así como en la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, en cuyo artículo 59 letra g) y en el art. 95.2 apartado a) del EBEP respectivamente, motivo por los cuales NC y el PP solicitan la apertura del correspondiente expediente disciplinario de los funcionarios.

La oposición también solicita que sea anulado el nombramiento como asesor del tribunal, en materia deportiva, “un trabajador laboral indefinido contratado como dinamizador y al que el Ayuntamiento se refieren como técnico municipal, por carecer de la objetividad y la imparcialidad que se presuponen a los funcionarios de carrera”

Según expresaron los firmantes del escrito, “hay que poner freno al modo en el que Onalia Bueno, con el apoyo de los socialistas de Mogán gestiona la política de personal, en el que parece que sólo pueden tener cabida los amigos, los familiares y los simpatizantes de Ciuca-Psoe”.

La oposición insiste en que con esta acción se persigue “la defensa de un proceso selectivo limpio, objetivo e imparcial que garantice la igualdad de oportunidades entre todos los aspirantes, y eso sólo se consigue con un tribunal que sirva fielmente a los principios constitucionales, sentenciaron Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP)”.