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Dos nuevas sentencias dejan fuera de ordenación el Anexo II de Playa del Inglés

LIMITA LAS OBRAS

La Audiencia Nacional ratifica que los 118 locales comerciales se encuentran dentro del dominio público. 

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La Audiencia Nacional acaba de emitir dos sentencias que vienen a ratificar que los 118 locales comerciales situados en el Anexo II de Playa del Inglés se encuentran sobre terrenos de dominio público con lo cual quedan fuera de ordenación lo que implica una fuerte limitación en las obras que se pueden ejecutar y que estos inmuebles tendrán un valor castastral mínimo. Dos propietaros de estos locales han recurrido sin éxito ante la Audiencia el deslinde que transcurre entre El Veril y el Faro de Maspalomas, fijado en el año 1995.

En las resoluciones judiciales ahora emitidas se recuerda que esta delimitación ya es firme puesto que fue objeto de otro recurso que llegó hasta el Supremo y ratificó su validez. La Audiencia indica que los recurrentes, "no han aportado prueba alguna que acredite de forma suficiente que se haya incurrido en error", a la hora de fijar los terrenos que pertenecen a Costas. El único documento puesto sobre la mesa fueron una serie de fotografías de los terrenos en los que se sitúa el centro comercial y el proyecto de rehabilitación turística del Sur de Gran Canaria del año 2007 en el que se incluye una inversión de tres millones de euros para adecentar este centro comercial. Sin embargo, la Audiencia considera que esta prueba "no puede considerarse un documento de valor esencial puesto que no tiene relación directa ni se refiere al caso concreto".

Estos comerciantes defienden que la orden del año 1995 se tramitó en base "a unas simples fotografías aéreas del año 1961 y sólo 12 años después de fijarse el deslinde la Administración elaboró unos documentos científicos y proyectos para completar el expediente como es el estudio integral de la Playa y Las Dunas de Maspalomas". Por lo tanto estos propietarios consideraban que el deslinde fijado, "no disponía de un sustento técnico ni científico que le sirviera de motivación y fundamento".

El Abogado del Estado, por su parte, argumentó que "el trabajo científico aportado no se ocupa de delimitar lo que haya de considerarse o no dominio público y lejos de evidenciar ningún error, del mismo se desprende con rotundidad el acierto técnico del deslinde practicado en 1995. En el expediente se han incorporado pruebas técnicas que justifican de forma adecuada y suficiente la demanialidad de los terrenos afectados y además tal extremo ya fue examinado y apreciado en numerosos recursos resueltos por esta Sala y por el Tribunal Supremo". La Audiencia, por su parte, señala ahora que el estudio científico presentado "en modo alguno cuestiona la existencia de un campo de dunas en Maspalomas y en la playa El Inglés, al contrario, confirma su ubicación y la fragilidad del campo dunar directamente relacionada con el uso turístico".

Los empresarios del centro comercial Anexo II de Playa del Inglés están utilizando todas las instancias judiciales para evitar que la ley de Costas les arrebate sus 118 locales de los que viven directamente 700 familias, además de los mil puestos de trabajo indirectos que generan los diferentes comercios. Los miembros de la Asociación para la defensa del centro comercial entienden que es necesario mejorar todos los locales que se construyeron en 1979, cuando Playa del Inglés experimentó el mayor crecimiento urbano y turístico. Por tal motivo, los empresarios están trabajando con el Consorcio Urbanístico para la rehabilitación de las zonas turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas, y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con el fin de relanzar la zona. Además de presentar numerosos recursos en los tribunales también han interpuesto una queja ante Bruselas que se centra especialmente en tres argumentos, como es pedir la aplicación retroactiva de la Ley de Costas y denunciar la arbitraria aplicación de la ley que hace el Gobierno español y la confiscación de la propiedad. En estos momentos la administración les ha concedido un plazo de 30 años para continuar en su actual ubicación, ampliables a otros treinta más.

Obras ilegales

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado que las obras realizadas por uno de los propietarios de varios locales situados en los alrededores del Faro de Maspalomas en la zona de servidumbre de protección son ilegales. El dueño de este establecimiento interpretó el silencio administrativo como positivo a la hora de ampliar su establecimiento, lo que fue recurrido por la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno canario que ahora ha visto como los tribunales le dan la razón. El TSJC considera que se trataban de obras mayores al tratarse de la ampliación de los negocios en casi 34 metros cuadrados además de aumentarse el volumen de los inmuebles.

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