Otoño polémico en el Parlamento canario

El Parlamento será el escenario tras el parón estival de una intensa actividad que se verá acompañada de polémicos debates, cumpliendo el guión de los finales de legislatura, máxime cuando el Gobierno y los grupos que lo apoyan deberán sacar adelante sus últimos Presupuestos y varias leyes que forman parte de los compromisos adquiridos por el presidente Paulino Rivero en su investidura.

Las cuentas autonómicas para 2015, las últimas del segundo mandato presidencial de Rivero, centrarán sin duda el último trimestre del año y prácticamente fagocitarán cualquier otra actividad legislativa, si bien están tramitándose textos tan esenciales como la modificación de la Radiotelevisión Canaria, la Ley de Transparencia, las de cabildos y ayuntamientos, las nuevas medidas tributarias, administrativas y sociales; la protección de los recursos naturales o las inversiones estratégicas.

Y a todo ello hay que unir la reforma del Estatuto de Autonomía, que ya cuenta con el rechazo del Grupo Parlamentario Popular y que el Ejecutivo regional quiere enviar a las Cortes antes de mayo para que el texto no decaiga cuando el presidente Mariano Rajoy convoque las elecciones generales y se disuelvan el Congreso y el Senado actuales.

Presupuestos, Estatuto y transparencia

Los Presupuestos se enfrentan, como en los últimos años, a los recortes que vendrán desde el Gobierno central, la falta de una reforma del sistema de financiación y la necesidad de no desviarse del objetivo de déficit, fijado en el 0,7%, aunque ya hay voces en el seno del gabinete y de los grupos del Pacto que consideran la posibilidad de desviarse del mismo para no meter la tijera a los servicios públicos esenciales como son la Sanidad y la Educación.

Y es que el Gobierno ya dejó claro en julio que los objetivos presupuestarios serán los colectivos en riesgo de exclusión social y los sectores más desfavorecidos por la crisis económica, el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales y la promoción de la actividad económica con el fin de mejorar la competitividad empresarial y la creación de empleo. Y todo ello sin subir impuestos, como ya adelantó el portavoz del Gobierno, Martín Marrero.

Pero si complicado será elaborar los Presupuestos, no menos será sacar adelante una reforma estatutaria en el momento de mayor enfrentamiento entre los ejecutivos autonómico y central y con una mayoría absoluta difícil de sortear en las Cortes, pese a que el texto que se tramita en Canarias es el mismo que todos los partidos con representación parlamentaria acordaron en el año 2007, incluidas las enmiendas que presentó entonces el PP.

Una modificación que actualiza el sistema electoral, el sistema competencial y los derechos de los ciudadanos, además de garantizar que las singularidades de las islas estén reconocidas en el sistema de financiación autonómica.

No menos difícil será tramitar las leyes de Transparencia y Cabildos. La primera tiene como objetivo mejorar la relación entre las instituciones públicas de Canarias y la ciudadanía y establecer mecanismos de información que permitan aumentar la participación activa de las personas y colectivos en la gestión pública además de incrementar el control ciudadano sobre la actividad pública.

Cabildos, ayuntamientos y RTVC

Si la Ley de Transparencia era uno de los compromisos de Rivero cuando fue investido presidente en 2011, la Ley de Cabildos era otro de ellos, así como la Ley Reguladora de los Municipios de Canarias.

Un texto legal que se remitirá en septiembre al Parlamento y que tiene por objetivo ampliar las competencias actuales de los municipios relativas, por ejemplo, a empleo o promoción económica y que marca un camino opuesto a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada en 2013 por el gabinete que preside Rajoy.

En el caso de la futura Ley de Cabildos, como principales dará competencias a las instituciones insulares en urbanismo, turismo e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, además de incluir un reparto de competencias para evitar solapamientos y duplicidades.

Y si esta reformas son importantes, no se queda atrás la que aborda la modernización de la Radiotelevisión Canaria para que su director general ya no sea designado a dedo, como hasta ahora, por el presidente del Gobierno, sino por una mayoría reforzada y cualificada de la Cámara regional, al igual que el nuevo Consejo Rector, cuyos cuatro miembros deberán examinarse ante el Parlamento para también recabar el apoyo de los diputados.

Leyes escoba

Pero por si el grado de conflictividad no fuese bastante con estas iniciativas, la Cámara regional también debe aprobar la ley escoba de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales que incluye medidas para agilizar los pagos a los proveedores y la reducción del plazo para abonar las becas universitarias.

Con la excusa de seguir avanzando en la eficiencia, esta iniciativa legal recoge una serie de cambios legislativos que afectan a diversas áreas como las de Hacienda; Agricultura, Ganadería y Alimentación; Política Territorial, Obras públicas y Transportes; Educación; Asociaciones y Juventud; políticas de igualdad; y personal público, entre otras.

Un texto que concita el mismo disenso con la oposición que el que recabó la nueva ley urbanística canaria (o ley de armonización y simplificación en materia de protección y de los recursos naturales), a la que se presentaron dos enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas en su momento pero que recibirá multitud de modificaciones parciales desde el 5 de septiembre.

Aunque la oposición (Mixto y PP) insiste en que ni simplifica ni armoniza, el texto del Ejecutivo pretende introducir más dinamismo en la toma de decisiones, con plazos razonables en las respuestas administrativas; reforzar la participación ciudadana, profesionalizar los equipos redactores del planeamiento, reducir los controles de la Administración, concretar las competencias y simplificar las evaluaciones medioambientales.

Y a todo ello se une la Ley sobre tramitación preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias para mejorar y agilizar la tramitación en las administraciones canarias de los expedientes relacionados con iniciativas y proyectos de inversión con el fin de hacer más competitiva la economía canaria.

Consulta popular

En definitiva, una intensa y polémica actividad parlamentaria que también estará influida por las convulsiones políticas derivadas de los procesos internos que viven los dos socios del Pacto y, además, que se verá interferida por la consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas anunciada por el presidente Rivero.

Precisamente, y a petición del presidente, el Parlamento habilitará la primera semana de septiembre para debatir una comunicación y fijar la fecha definitiva para la celebración de la consulta, que el Gobierno espera pueda ser en octubre, en plena tramitación de los Presupuestos y conociendo ya a ciencia cierta los nuevos recortes financieros del Estado hacia Canarias.