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Las Palmas de Gran Canaria aprueba su presupuesto de 692 millones al crecer un 9% respecto al ejercicio de 2023

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebrado este jueves

Europa Press

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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado este jueves un pleno para aprobar inicialmente el presupuesto general para 2024 que ascenderá a 692 millones de euros, un 9% más que las cuentas de 2023, siendo así el “mayor de la historia” de la capital grancanaria.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha señalado que este presupuesto es el que “necesita la ciudad” para “mirar hacia el futuro, un futuro mejor para la vida de la gente” y que permitirá hacer posible las políticas municipales para “seguir avanzando en eficacia, eficiencia y en excelencia y, sobre todo, para hacer de esta ciudad la mejor ciudad para vivir”, según ha informado el consistorio en nota de prensa.

Por su parte, en su intervención el concejal de Presidencia, Hacienda y Modernización, Francisco Hernández Spínola, expuso que se tratan de unas cuentas elaboradas “desde el rigor, la estabilidad, la sostenibilidad, el equilibrio y el principio de prudencia”. Añadió que estos presupuestos buscan “consolidar el crecimiento económico sostenible y solidario”, así como “modernizar la administración pública municipal, la de sus organismos autónomos y empresas públicas con más medios personales y materiales”.

El presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el próximo ejercicio, sin los organismos autónomos, es de 495 millones de euros, lo que supone un incremento del 11 por ciento con respecto al de 2023; mientras que las sociedades municipales y organismos autónomos contarán con 197 millones de euros que, sumados a los citados 495 millones de euros, alcanzan a los 692 millones de euros en las cuentas.

En cuanto a los ingresos, resaltan que hay un “cero por ciento de endeudamiento”, situándose en los 510 millones de euros a nivel individual del Ayuntamiento, 719 millones de euros si se tienen en cuenta los ingresos de los entes públicos dependientes.

Asimismo, apuntó que 17 de cada 100 euros del presupuesto se destinarán a las políticas públicas de Vivienda y Urbanismo, alcanzando también las políticas de bienestar comunitario que incluye servicios como el abastecimiento domiciliario de agua, la recogida, gestión y tratamiento de residuos, la limpieza viaria, el alumbrado público y los cementerios.

En lo que se refiere a las políticas de Bienestar Social reciben 14 de cada 100 euros; las políticas de Seguridad y Movilidad Ciudadana, 10 de cada 100 euros; las de transporte público siete, mientras que las de Medio Ambiente, que incluye Parques y Jardines, y las de Cultura contarán con seis de cada 100 euros. Las políticas educativas tendrán cuatro de cada 100 euros de las cuentas municipales.

Todo ello, subrayan, con el objetivo de conseguir una ciudad “más próxima, con mejores viviendas, más accesible y con mejores espacios públicos y comunicaciones”, que incluye para Tráfico y Movilidad, Urbanismo, Vivienda y Vías y Obras 131,5 millones de euros, un 33 por ciento más.

A materia de Bienestar Social, Juventud, Igualdad y Solidaridad se destinan 45 millones de euros (+2,3%), mientras que para sostenibilidad y la adaptación al cambio climático hay 112,3 millones de euros (+2,18%).

Un total de 57,4 millones de euros (+5%) se destinarán a la Policía Local, al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, a Protección Civil, a Salud Pública y a Deportes; y 45,7 millones de euros (+14%) para las áreas de Educación, Cultura y Carnaval.

Finalmente los presupuestos suben en un 5,1 por ciento en las partidas para áreas estratégicas como Recursos Humanos, Innovación Tecnológica, la Oficina de Atención al Ciudadano, la Coordinación Territorial o los cinco distritos.

Por último, en lo que se refiere a la inversión, sube un 41 por ciento al pasar de 76 millones de euros a 106,7 para realizar acciones como la construcción de 148 viviendas en Las Rehoyas o en la calle Doctor Alfonso Chiscano Díaz; la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible, o las repavimentaciones y otras obras en infraestructuras viarias, así como obras en el alcantarillado público o la rehabilitación del Edificio Cachalote.

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