Pérez denuncia la política de pago de deudas del PP
Santiago Pérez intervino en Radio San Borondón para reflexionar sobre la picaresca que hay en torno a la normativa del pago a proveedores y advierte que en el caso de La Laguna, los 69 millones solicitados por el ayuntamiento en los dos últimos años no solo hipotecan el futuro de la ciudad, sino que están siendo usados para pagar atrasos a empresas que prestan servicios esenciales y otra buena cantidad se derrochará en fiestas y propaganda.
Santiago Pérez reflexionó sobre el hecho de que estamos oyendo a muchos alcaldes de España, entre ellos el de La Laguna, Fernando Clavijo, levantar el grito al cielo porque consideran que el Proyecto de Ley que ha remitido el gobierno de España al Congreso en materia de régimen local es un ataque a la autonomía municipal, “que es verdad que lo es”, dijo, pero añade que sin embargo no dicen nada de los decretos leyes del Gobierno de Rajoy para el pago a acreedores que constituyen la intervención más radical a la hacienda de los ayuntamientos y, por lo tanto, a la autonomía municipal “porque sin autonomía financiera no hay autonomía política”.
“¿Por qué no levantan la voz los alcaldes contra este intervencionismo estatal?”, asegura que porque el gobierno estatal, “que son del PP, pero no son tontos”, probablemente por presión de sus propios alcaldes y con el visto bueno de otros alcaldes de otros partidos, no han distinguido a la hora del pago a acreedores de las deudas que los ayuntamientos tienen contraídas legalmente y aquellas que tienen por manejos ilegales de sus dirigentes, bien porque han contratado a dedo, o porque lo hacen al margen de los presupuestos, sin cobertura presupuestaria como ha ocurrido en La Laguna.
El concejal ecosocialista afirma que este tipo de deudas son nulas de pleno derecho, como lo establecen las leyes de Haciendas locales y de Contratos del sector público, lo que ocurre es que el gobierno de España ha dado a los alcaldes que han actuado ilegalmente una amnistía, la misma que dio a los grandes contribuyentes.
Opina que los efectos de esa amnistía harán que los ciudadanos paguen en la próxima década muchos gastos contraídos por los alcaldes al margen de la legalidad, o lo que es lo mismo, entiende que el gobierno de Rajoy ha permitido a los alcaldes “sacar los muertos de los armarios”, lo que es absolutamente desmoralizador para los primeros ediles que han cumplido las leyes.
Santiago Pérez recuerda que no es un secreto que la corrupción entra en gran medida en las instituciones públicas “por la planta baja”, es decir, por los ayuntamientos, por lo que opina que estas políticas de pagos a acreedores, que en sí es una amnistía, lo que hace es que se siga estimulando la práctica de la corrupción.
DERROCHE EN FIESTA A PESAR DE LA CRISIS
Pérez tiene claro que el ayuntamiento de La Laguna dilapidará una buena cantidad de dinero correspondiente a los préstamos solicitados para cumplir con el pago a acreedores en la realización de fiestas y propaganda, de forma que en la próxima década los laguneros tendrán que estar pagando el gasto en fiestas de esa década y devolviendo el gasto extra en fiestas de los últimos años, porque el gobierno municipal, hasta ahora, no ha tomado en cuenta que estamos en crisis y sigue gastando en festejos como en época de bonanza económica.
Asegura que el gasto en fiestas es prioritario para el Gobierno de Clavijo por razones de clientelismo político y de rédito electoral, por lo que a lo largo de la próxima década, los contribuyentes de La Laguna tendrán que pagar servicios públicos municipales realizados en tiempos de bonanza y gastos en fiestas concedidos por el ayuntamiento en esos últimos años de la etapa de “vacas gordas”, porque el grupo de gobierno de Clavijo no ha querido darse por enterado de la crisis a la hora de limitar el gasto en fiestas.
El concejal de XTF reconoce que ha perdido el control de lo que el ayuntamiento viene derrochando en la realización de fiestas, porque aflora por todos lados, ya que no solo hablamos de que gastan dinero legalmente, sino que también lo hacen al margen de la legalidad, razón por la que le ha preocupado mucho en esta legislatura la regulación de los decretos ley aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy para el pago a acreedores, porque como ya ha dicho sirve para que los dirigentes políticos regularicen chanchullos que estaban escondidos.
