Podemos tacha de “despropósito” la actuación del ayuntamiento en torno a la Biblioteca Pública de LPGC
Para la nueva formación político-social, el entonces alcalde capitalino, hoy controvertido ministro de industria y energía enfrentado a la ciudadanía canaria en relación a las prospecciones petrolíferas, también actúo de forma caprichosa y soberbia, manteniendo su decisión de construir la Biblioteca, a pesar de haber sido advertido de la ilegalidad de tal medida.
Para Podemos es necesario que jurídicamente se establezcan los medios necesarios para delimitar y sancionar las responsabilidades políticas y personales de quienes ocasionan quebrantos a las arcas públicas “ya que de lo contario la sensación de impunidad terminará minando la moral de la sociedad”.
El partido no considera una buena noticia el reciente fallo del Tribunal Supremo que confirma la demolición de la Biblioteca Pública de Las Palmas de Gran Canaria porque, según ellos, se privará a la ciudadanía de poder disfrutar de sus servicios además de una importante dilapidación de fondos públicos, no sólo con los gastos de construcción y equipamiento, sino también con los gastos que su demolición generarán.
El Círculo Podemos Gran Canaria cree que la sentencia viene a demostrar lo que era un hecho conocido por todos: “la ilegalidad del proyecto y la irresponsable y arrogante actitud de quienes autorizaron su construcción, a pesar de las múltiples advertencias”. Aseguran que los propios vecinos que entablaron pleito, indicaron previamente a José Manuel Soria y a su equipo de gobierno, que el proyecto no cumplía los parámetros legales obteniendo el ninguneo como respuesta. “Desde un primer momento se daba por hecho que judicialmente se otorgaría la razón a los demandantes, pero el ayuntamiento, con José Manuel Soria a la cabeza, presumía que, aún así, no se atreverían a proceder a su derribo; lo que pone de manifiesto que, además de actuar irresponsablemente, se hacía con desmedida altanería”.
Reconocen que proceder con su demolición es ahora lo legalmente correcto pero aseguran la necesidad de conocer quiénes deben ser señalados como responsables y pagar por ello. “Es absolutamente necesario delimitar responsabilidades políticas, pero también establecer los medios necesarios para que, jurídicamente, se puedan determinar y sancionar las responsabilidades personales de quienes, como en el caso, ocasionan quebranto a las arcas públicas”.
“Es el momento de levantar la alfombra y señalar a quienes gestionan lo público como si se tratara de un recurso inagotable que se genera de forma espontánea y sí es necesario pedir compensaciones a partir de su patrimonio porque sus insensatas decisiones terminan siendo siempre sufragadas por los bolsillos de los ciudadanos”. Son conscientes de que esta responsabilidad patrimonial por los daños causados es algo inabordable en el actual sistema jurídico español ya que se suele recurrir a múltiples subterfugios para no aplicarla. “Cuando casos como el señalado se desarrollan por la vía penal, se eternizan hasta su prescripción. Cuando son abordados por la vía contencioso-administrativa, la responsabilidad patrimonial personal, sencillamente se elude”.
La organización se lamenta de que actualmente se pueda acusar a una anciana por robar una lata de anchoas en un supermercado mientras que existe una sensación reinante de impunidad que utilizan asiduamente muchos representantes políticos y que lo consigue es minar la moral de la ciudadanía.
