El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas desafía al de Puertos del Estado con cinco preguntas

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, ha retado a su homólogo en Puertos del Estado, José Llorca, a romper su silencio y explicar las verdades razones que se esconden tras la demanda que ha promovido contra él, a través de la Abogacía del Estado, por presuntas irregularidades en el pago de los complementos de residencia al personal directivo del ente provincial. Ibarra, que hasta la fecha había preferido no pronunciarse públicamente sobre esta polémica hasta que lo hiciera Llorca, desafía al alto cargo del Ministerio de Fomento a responder a cinco preguntas sobre una actuación que ha colmado el vaso de su paciencia tras siete años de enfrentamientos, algunos más soterrados y otros públicos y notorios, como el que desembocó en un proceso penal por irregularidades en las obras de construcción del muelle de La Esfinge tras una denuncia presentada ante la Fiscalía por el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en 2014.

Ibarra lamenta que Llorca “no haya tenido la deferencia” de comunicarle personalmente que había instado a la Abogacía del Estado a personarse en un procedimiento -archivado de forma provisional por la instructora del Tribunal de Cuentas- para reactivarlo y acusarle de responsabilidad contable por alcance y, por tanto, reclamarle, junto al exdirector de Puertos Las Palmas José Miguel Pintado, la devolución de los 109.000 euros que se habrían pagado de forma indebida por esos pluses en el año 2013. “¿Por qué me tengo que enterar a través de mi abogado, cuando lo llama el abogado de Puertos del Estado?”, se pregunta el cargo socialista, que recuerda que Llorca tuvo una buena oportunidad para informarle de esa demanda, presentada en noviembre, cuando acudió a la inauguración del Acuario Poema del Mar en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, en diciembre.

También le acusa de haber “escondido voluntariamente” información para poder proceder en su contra. La demanda enviada al Tribunal de Cuentas a través de la Abogacía del Estado para reabrir la causa se sustenta en un informe de apenas un folio y medio con el único argumento de que ese complemento de residencia no se abona con la misma fórmula ni en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ni en la de Baleares. Ibarra, con el respaldo del Consejo de Administración, ha avalado siempre esos pagos (el 15% del salario base) con una sentencia de los juzgados de lo social de 1998, no recurrida y por lo tanto firme, que daba la razón a los trabajadores. En el caso de la provincia occidental, los afectados también reclamaron, pero el fallo de los tribunales, del mismo año, fue diametralmente opuesto. “¿Por qué no dice en su demanda que los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife perdieron ese pleito? Es bastante significativo”.

Como tercera cuestión dirigida a Llorca, Ibarra le pregunta por qué no informó al Tribunal de Cuentas de la existencia de un informe de Puertos del Estado, fechado en 2011, que también avalaba que se siguieran abonando esos complementos, instaurados a finales del siglo pasado, con el cálculo del 15% del salario base y no con las cuantías fijadas en un acuerdo del Consejo de Ministros del año 2000, como ha venido sosteniendo el interventor delegado de la Administración General del Estado en los últimos años. “Si no está de acuerdo con el informe que hizo Puertos del Estado en 2011, que haga otro. ¿Por qué no ha hecho un informe que diga lo contrario? Para mí es fundamental. El informe del interventor delegado me lo contrarrestan mis técnicos con la sentencia de los juzgados de lo social y con el informe de 2011 de Puertos del Estado”, asevera el presidente del ente provincial.

Ibarra recuerda que Llorca formó parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, como representante delegado de Puertos del Estado, entre 2007 y 2011 y que entre esas fechas se tomaron en consideración dos informes del interventor delegado en los que se volvía a poner de manifiesto esa disparidad de criterio. “¿Por qué no dijo nada entonces?”, cuestiona Ibarra, “entiendo que objetivamente estaba dando por hecho que el interventor no tenía razón, porque no ponía objeciones al acuerdo del Consejo de Administración. Ha habido un apoyo implícito a que se pagaran esos complementos, pero (Llorca) olvida que estuvo en ese consejo”.

La investigación a la anterior cúpula por La Esfinge

La quinta pregunta está vinculada al proceso penal abierto por la construcción de la segunda fase del muelle de La Esfinge, financiada en buena parte con fondos europeos y ejecutada en su mayoría durante la etapa de José Daniel Sánchez, ahora investigado en esa causa, como director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y Javier Sánchez Simón como presidente. “¿Por qué se persona en el tema de los complementos y no se ha personado Puertos del Estado ni ha preguntado nunca por ese expediente?” Tras detectar una serie de irregularidades en ese proyecto, Ibarra decidió llevar el asunto a la Fiscalía, como recomendaba un informe elaborado por técnicos de Puertos del Estado que la Autoridad Portuaria de Las Palmas tuvo que pedir en varias ocasiones a su presidente y que no recibió hasta ocho meses después de solicitarlo.

José Miguel Pintado, que era director del ente provincial en el momento de remitir la denuncia a la Fiscalía, fue aún más lejos que Ibarra en las declaraciones publicadas por Canarias Ahora la semana pasada, al atribuir la demanda por presuntas irregularidades en el pago de la indemnización por residencia a una “venganza” de Llorca por la actuación del presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en relación a las obras de La Esfinge.  Pintado sostiene que existe una relación de amistad entre Llorca y José Daniel López, que al primero “no le hizo nada gracia” que presentaran la denuncia contra el segundo y que, desde entonces, ha actuado con la intención de hacer “el mayor daño posible” a Ibarra, con el objetivo de “pedir su cabeza” y que el pleito por La Esfinge se quede “en un cajón”.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas defiende que siempre ha actuado en relación con el complemento de residencia con el aval del Consejo de Administración, de una sentencia firme de un juzgado de lo social, de un informe de Puertos del Estado y de otros dos del departamento de Recursos Humanos del organismo provincial. “Hemos tenido comunicación permanente con Puertos del Estado. Nunca ha habido un correo, un escrito, diciendo que (ese plus) no tiene cobertura legal. También se ha mandado siempre a Hacienda”, justifica Ibarra, “no entiendo por qué se envía una discrepancia al Tribunal de Cuentas, lo lógico es que el interventor delegado hubiera pedido un informe a su intervención general o a la Abogacía del Estado, que siempre ha estado presente y nunca ha dicho nada”. El cargo socialista lamenta que la polémica por los pluses de residencia empantane “las buenas noticias” que, a su juicio, está dando la Autoridad Portuaria de Las Palmas. “Hay paz social y económica y las variables económicas y de análisis son positivas”. 

El presidente de Puertos del Estado sigue sin contestar a las preguntas formuladas por este periódico el 21 de febrero.