El promotor de Hoya Pozuelo se declara insolvente
El promotor inmobiliario Jaime Cortezo Massieu no tiene suficientes bienes para hacer frente a la fianza de 3.221.240 euros impuesta por la juez instructora Ana de Vega a causa de la presunta estafa de la que está acusado, junto a su esposa Elena del Castillo, por el caso Hoya Pozuelo.
El empresario grancanario se ha declarado insolvente ante el juzgado instructor de la causa, y desde el mismo ha sido imposible recabar datos sobre “los medios de vida y fortuna del referido” para encontrar bienes susceptibles de embargo, según consta en un auto firmado por la magistrada de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria el 13 de abril.
El juzgado que ha enviado a juicio al también editor de medios de comunicación y su esposa ha certificado que no le consta, mediante los “organismos oficiales correspondientes”, la existencia de patrimonio suficiente para asegurar las responsabilidades que pudieran imponérsele en el juicio oral, por lo que le ha declarado insolvente.
La decisión será recurrida por las acusaciones particulares personadas en este procedimiento por estafa y falsedad en documento público contra Cortezo y su esposa, entre otros, debido a la venta de dúplex de Hoya Pozuelo, viviendas sujetas a una orden de derribo por parte del Gobierno de Canarias al invadir dominio público marítimo-terrestre.
Los afectados por la venta presuntamente fraudulenta de estos dúplex ilegales en la costa de Telde argumentarán, primero en reforma y si es necesario ante la Audiencia, que de la actividad economica del promotor inmobiliario se conoce que es adjudicatario de más de treinta licencias de radio por parte del Gobierno de Canarias, concesión por la que tuvo que avalar más de dos millones de euros ya devueltos por el Ejecutivo al confirmar definitivamente las concesiones radiofónicas la semana pasada.
La presunta estafa en la urbanización Hoya Pozuelo se detectó cuando la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), dependiente del Gobierno de Canarias, abrió expediente por infracción grave al comprobar que parte de los chalets construidos por la promotora invadían zona de protección de Costas. Tras una larga tramitación, la APMUN ordenó el derribo de más de una docena de esas viviendas, algunas de modo total.
Los compradores afectados iniciaron paralelamente un proceso penal por entender que el promotor Jaime Cortezo había vendido esos chalets teniendo conocimiento de la ilegalidad en que se encontraban y de la apertura de un expediente administrativo que finalmente ha concluido con una orden de demolición.
Cortezo ha mantenido que los compradores adquirieron esas propiedades conocedores de su situación de ilegalidad. Para sostener esta tesis incluso hizo declarar como testigo al ex consejero del Gobierno de Canarias Julio Bonis, que también ha sido denunciado por una afectada por la presunta estafa que grabó una conversación en la que confesaba haber mentido para proteger a su amigo Jaime Cortezo.
